Las obras para construir 35 viviendas protegidas en la calle Fornaris de Palma llevan paralizadas más de un año en medio de un conflicto entre la empresa constructora y el Ibavi, promotor de la obra, que ha provocado la resolución del contrato, una nueva adjudicación y que amenaza con consecuencias legales.
Las obras arrancaron en abril de 2021 después de que la presidenta del Govern, Francina Armengol pusiera la primera piedra. La empresa adjudicataria, Construcciones Alea S.L. tenía plazo para acabar las obras hasta julio de 2022. Entonces tendrían que estar listas, según los plazos fijados en el contrato de adjudicación. Sin embargo, cuarto meses antes de ese plazo, la empresa decidió no seguir adelante. Antes había enviado varios escritos formales al Ibavi para pedir más plazo y una revisión de los costes por la subida de la inflación. No fueron contestados.
Antes del parón, apenas dio tiempo a ejecutar un 20 por ciento de la obra, alrededor de 800.000 euros de los 4,5 millones de euros que debía costar la construcción. La reacción del Ibavi fue plantear de forma urgente una resolución del contrato culpable para la empresa. Las consecuencias son económicas para la compañía, que perdería el depósito que adelantó para hacerse cargo de la adjudicación. En paralelo ha iniciado los trámites para volver a sacar a concurso la obra.
Sin embargo, la decisión drástica del Ibavi no las tiene todas consigo y ya cuenta con un dictamen desfavorable del Consell Consultiu. Este órgano reprocha al Govern que activara ese mecanismo. Considera que sí existían motivos justificados para explicar la actuación de la contratista.
La empresa justificaba lo ocurrido por el enorme incremento de los costes de las materias primas. Estima en sus escritos que, entre esa partida y la de energía sus gastos para edificar las 35 viviendas protegidas se han incrementado en más de 700.000 euros. «Sorprende asimismo que el Ibavi sostenga que la causa de que la contratista no siga con la ejecución sea económica y que no haya resuelto su reclamación», señala el escrito, cuyo ponente es el president del Consultiu, Antoni Diéguez.
El informe valora que, mientras no se respondían las peticiones de la empresa, la propia administración pública admitía los efectos de la crisis provocada por la Guerra de Ucrania y aprobaba paquetes de medidas para hacer frente a esa emergencia. Concluye que han existido razones de causa mayor para el incumplimiento y que, «la administración también ha incurrido en responsabilidad, puesto que existen algunas irregularidades en su forma de proceder que también deben valorarse».