El Ayuntamiento de Palma impuso durante el pasado año 2022 un total de 130 multas por inspecciones urbanísticas que han sumado cerca de 3,9 millones de euros. Así lo ha detallado la regidora de Movilidad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo por parte del departamento de Disciplina Urbanística y Seguridad Ciudadana. Por un lado, el Departamento notificó algunas irregularidades urbanísticas detectadas, abriéndose los expedientes sancionadores correspondientes por inspecciones urbanísticas (315), que, en algunos casos, cuando no se ha solventado la infracción, se han transformado en multas (130). El total de 130 expedientes que acabaron en multa económica se ha impuesto a todos los agentes responsables -estos pueden ser desde el constructor hasta el arquitecto técnico, el promotor o bien, también, el propietario- y suman 3.865.682,7 euros el total.
El resto de los expedientes sancionadores (185) han finalizado con la legalización de las obras o bien con su retirada. De estos expedientes acabados en multa, una parte se ha pagado de forma anticipada, lo que supone tener que pagar el 40 por ciento de la sanción, debido a una bonificación. En concreto, se han abonado 116 multas por esta vía en 2022, que suman 757.099,71 euros. Por otro lado, durante el año 2022 se interpusieron 533 denuncias y se abrieron 181 expedientes de disciplina. En este sentido, dentro de los expedientes de disciplina han destacado 72 órdenes de demolición, 51 casos archivados por retirada voluntaria de las obras y 58 por su legalización. Truyol ha explicado que «todo el mundo ha de cumplir la normativa, el Ayuntamiento de Palma no hace urbanismo a la carta. El interés general es el que prevalece».
Asimismo, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad ha hecho balance de las multas coercitivas puestas en marcha por el Ayuntamiento esta legislatura. En 2022, se abrieron 187 expedientes por este mecanismo. Por esta vía el Ayuntamiento multó por valor de 450.000 euros en 2021 y en el ejercicio de 2022 lo ha hecho por valor de 324.103,39 euros de un total 115 sanciones que finalmente se emitieron. Hay que tener en cuenta que la finalidad de estas multas es que la propiedad cumpla con las órdenes de retirada. En este sentido, han sido suspendidos 19 expedientes sancionadores por presentación de proyecto de legalización y 26 por retirada de las obras.
En palabras de la regidora Neus Truyol hay que tener en cuenta que cuando no se cumplen las órdenes de demolición de las obras ilegales se pueden poner hasta 12 multas coercitivas del 10% del valor de las obras -con un mínimo de 600 euros- hasta que la propiedad las derribe. La finalidad de estas multas es que la propiedad cumpla con las órdenes de retirada. Esta multa se puede poner una cada mes durante 12 meses, por lo tanto, si el infractor no demuele la infracción, paga hasta el 120% del coste de la obra, además de la multa disciplinaria que suponga la infracción.