Cambio de tendencia. El año pasado, por primera vez en un lustro descendieron en Baleares las denuncias contra okupas. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior se registraron 405, un veinte por ciento menos en 2022 que en 2021, cuando fueron 509. Es una tendencia que se da en todo el territorio nacional pero de forma mucho más atenuada que lo visto en Balears: la bajada en toda España es apenas de tres por ciento. Solo en otras dos comunidades autónomas se produce una bajada superior al 20 por ciento, pero se trata de Aragón y de Cantabria, donde las cifras de entradas ilegales en viviendas eran muchísimo más reducidas de las que se daban en las Islas.
Pese a la bajada, el número de denuncias sigue siendo de las más altas registradas. El número de okupaciones que terminaban en la vía penal se elevó de forma drástica en los últimos años: 285 en 2019; 324 en 2020 y 509 en 2021, cuando se produjo una subida de un 57 por ciento. Parte de esas denuncias respondían a que la respuesta más tradicional a usurpaciones, la que daba un procedimiento civil, se había convertido en más lenta. El criterio fijado por la Fiscalía y por la mayoría de juzgados de Balears para agilizar los desalojos y poder acordarlos de forma cautelar por el juzgado de guardia, agilizaron los desahucios y convirtieron las denuncias en la vía preferente. Esa respuesta se mantiene desde la circula pionera elaborada por el fiscal jefe de Baleares.
No solo bajan de forma drástica las denuncias por okupación, también el resto de posibles indicadores de entradas ilegales en inmuebles. Los procedimientos posesorios especiales a los que solo se pueden acoger personas físicas mantienen una tendencia a la baja continuada. El año pasado se presentaron 109 de estos procedimientos frente a 163 de los que se habían iniciado en 2021; un tercio menos. Donde no se produce un descenso es en otro posible indicador de las okupaciones: los desahucios recogidos por el Poder Judicial que no están vinculados ni con la Ley de Arrendamientos Urbanos ni con ejecuciones hipotecarias. Se produjeron 60 frente a 37, si bien estos lanzamientos estuvieron condicionados en parte a las medidas sociales en vigor durante la pandemia.
Donde se ha intensificado la problemática inmobiliaria en los juzgados es en lo que tiene que ver con los alquileres, con las demandas y los desahucios en subida vertical.