El Congreso de los Diputados ha dado la aprobación final este jueves a la polémica 'ley trans'. Uno de los puntos más conflictivos es la autoelección de género libre, sin necesidad de pruebas médicas ni psicológicas, a partir de los 16 años. Los críticos se dividen entre quienes ven inadecuada la falta de trámites y quienes reclaman que el derecho de determinar su género no tenga límite de edad. «Aquí el debate está superado», reivindica Miquel Àngel Coll, director general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hace siete años que en Baleares todas las personas 'trans', de cualquier edad, pueden cambiar su nombre en documentos autonómicos y municipales como la tarjeta sanitaria, el carnet de bibliotecas, la tarjeta de transporte público (EMT y TIB), la de los polideportivos y en el sistema informático educativo GestIB.
«Pioneros» en la atención y acompañamiento
La situación era muy distinta antes de 2016. La sanidad pública de las Islas no contaba con ningún itinerario fijado para asistir a las personas 'trans'. Dependiendo del sanitario, podían tratar la transexualidad como patología y derivar al paciente a psiquiatría. Imperaba el desconocimiento y desorden generalizado. En la actualidad, Baleares es una de las comunidades con mayor despliegue de recursos y programas. «Hemos sido pioneros, regulando la atención durante el tránsito», que se ha concretado, destaca Coll, en dos ámbitos principales: el sanitario y el educativo. En el primero, se han marcado los protocolos en cada departamento involucrado, asegurando el derecho a la asistencia sanitaria adecuada para las personas 'trans'. Se garantizan la atención endocrinológica para adaptar el cuerpo al género sentido, así como la cirugía genital y la derivación a otras especialidades, como la reproductiva. También se han creado servicios específicos como la Consulta d'Identitat de Gènere (CDIG), dirigida a pacientes 'trans' y familias, en el que se les brinda atención psicológica y acompañamiento sanitario.
En las escuelas e institutos
El segundo ámbito de actuación de la ley balear LGTBI se centra en el entorno educativo, de especial importancia para los menores. El protocolo de acompañamiento al alumnado transexual del Govern tiene como objetivo «garantizar el derecho del alumnado 'trans' a un desarrollo libre de su personalidad y la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género en el sistema educativo». Así, ya sea si comunica el tránsito la familia, el alumno o los profesores, se mantiene una reunión entre estos tres agentes implicados para establecer una estrategia a la hora de realizar el tránsito en el centro y se firma un acuerdo con las medidas concretas. El centro garantiza utilizar el nombre deseado, el cambio en los documentos, respetar la imagen física del alumno, su libre elección de vestimenta, el acceso a los baños y vestuarios de acuerdo con su identidad sexual y facilitar una persona para llevar a cabo un acompañamiento personalizado. «En caso de sospecha o denuncia de acoso, el protocolo de acoso se tiene que activar de forma inmediata», ordena el documento.
Asociaciones
El despliegue de protocolos y servicios cuenta con un amplio respaldo por parte de asociaciones LGTBI de las islas. «En Baleares hemos sido de las comunidades que más hemos avanzado en temas LGTBI», mantiene Inés Machado, secretaria Chrysallis Baleares, grupo de familiares de menores 'trans'. Machado destaca que la comunidad, al contrario que la ley a nivel nacional, permite la libre elección de nombre independientemente de la edad. Desde Ben Amics, Jan Gómez, de coordinación técnica, valora ambos protocolos de forma muy positiva: «Son avances y va muy en línea de lo que se está proponiendo a nivel nacional». Sin embargo, llaman a seguir sensibilizando y formando al personal de centros de salud, algunos de cuyos profesionales desconocen el protocolo y siguen derivando a salud mental o el área de atención psicológica de Son Espases a pacientes transexuales. Tras siete años en funcionamiento, se está realizando una actualización del itinerario sanitario para adaptarlo a la realidad social actual.