Mafia sueca, Costa del Sol y pisos en Mallorca. La Audiencia Nacional incluye en el auto en el que confirma el procesamiento de Lars Gunnar Sune Broberg, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y del hijo de éste, Joakim Peter Broberg, una serie de operaciones inmobiliarias en Palma supuestamente vinculadas con una trama de blanqueo de capitales del dinero que obtenían con la venta de estupefacientes en Suecia.
En un auto, la Sala de lo Penal, confirma el procesamiento que dictó contra ambos el juez Manuel García Castejón. De acuerdo con la resolución existen indicios suficientes de que ambos formaban parte de una red dedicada a llevar droga, sobre todo cannabis de la Costa del Sol a Suecia. La trama empleaba como principal método de envío de los estupefacientes a través de paquetería, algunos camuflados como aspiradoras y en cada paquete iban quince kilogramos de droga.
Parte de los principales indicios contra el grupo y el hijastro de la alcaldesa vienen de la aplicación Encrochat, una especie de whatsApp secreto, muy empleado por criminales pero que fue desencripado por las fuerzas policiales europeas y ha nutrido distintas investigaciones contra clanes mafiosos. En ellos se les menciona como «el jefe sueco».
Además de delitos de organización criminal y tráfico de drogas, los autos de la Audiencia Nacional incluyen un delito de blanqueo. Ahí entran una serie de complejas operaciones financieras e inmobiliarias. La mayor parte de ellas se centraban en la Costa del Sol donde la investigación estima que tuvieron un valor de más de siete millones y medio de euros.
En Palma el operativo afectó a seis inmuebles. De acuerdo con una de las resoluciones de la Audiencia Nacional, se compraron por uno de los procesados a través de una sociedad, Cicak Invest S. L. en 2015. Su mujer adquirió otros tres. Las primeras viviendas se vendieron cuatro años después a una empresa, domiciliada en la plaza Quadrado de Palma. La firma había sido constituida un mes antes y todo su capital está en manos de otra sociedad sueca. Esta, a su vez, pagó un salario de 227.000 euros en Malta al sospechoso, que conseguía así recibir el dinero limpio cuando no contaba con fondos propios para la compra.