Los partidos del pacto ya tiene un acuerdo para modificar la Ley de Función Pública y la de Normalización Lingüística y blindar que el catalán sea una exigencia para acceder a la sanidad para que las excepciones sean las mínimas. El borrador busca que las exenciones solo se den en casos donde se compruebe que hay una falta real de personal sanitario en determinadas especialidades. Aún así, como norma básica se exigirá el catalán y, si las plazas no se cubren, quedarán exentos.
Los partidos ya trabajan para cerrar un acuerdo con esta modificación que, sin embargo, será difícil que se realice en la presente legislatura. El portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, ha asegurado que, en estos momentos, el Govern trabaja en los ajustes que deben hacerse en la convocatoria de estabilización de interinos para que la exención del catalán no sea general, sino específica en aquellas categorías deficitarias.
La prioridad es ahora esta convocatoria. El portavoz ha asegurado que esta semana se sabrá con más detalle cuántos profesionales sanitarios quedarán excluidos del conocimiento del catalán y cómo se modifica el proceso para que el resto tenga que acreditar el idioma en el acceso a la función pública o un máximo de dos años después de haber obtenido la plaza.
Esa es el objetivo en estos momentos, si bien el conseller ha dicho que los partidos del pacto están teniendo contactos para ver cuándo se puede hacer la reforma de la ley. «Primero hay que revisar el plan de estabilización y luego avanzar en los siguientes asuntos», ha señalado Negueruela. «Estamos trabajando en el proceso de estabilización para que se den todas las garantías», ha añadido.
Neguerurela ha explicado que el Govern cambió de opinión con el catalán después de ver los niveles de las personas que ya tenían este requisito y que optaban al plan de estabilización. «Es importante tener mucha gente que tenga ya estos niveles de catalán y garantizar así los derechos lingüísticos de los ciudadanos», ha dicho. Sin embargo, 48 horas antes de la rectificación del Govern, se había asegurado que el catalán podría ser un problema para cubrir las plazas deficitarias.
«El Govern debe garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse en la lengua que considere oportuno», ha señalado Negueruela, que además ha defendido a la presidenta del Govern, Francina Armengol. »En este asunto siempre ha dicho lo mismo», ha asegurado el portavoz.