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Podemos avisa: «En Baleares hay 500 personas con más de 50 viviendas»

Anuncia una ofensiva para que las Islas sean una excepción y restrinja compras a no residentes

La candidata de Podemos junto a alguno de los miembros de la formación morada.

| Palma |

«Sólo en Baleares hay 500 personas con más de 50 viviendas a su nombre». El dato, obtenido de registros y fuentes oficiales, y complementado con un estudio en profundidad, fue aportado este miércoles desde Podemos. Este partido considera que el derecho a una vivienda digna no se está cumpliendo en las Islas, que el precio está desorbitado, que la especulación es evidente, que las medidas tomadas hasta ahora no bastan y que hay que ir más allá. También, y al igual que ocurrió con la «excepción ibérica» para fijar un tope al coste del gas y de la electricidad, entiende que el Gobierno estatal debe avalar una excepción en Baleares que abra la puerta, por ejemplo, a restringir la compra de viviendas a personas no residentes.

La coordinadora autonómica de Podemos y candidata a las elecciones de mayo, Antónia Jover, dijo que «se puede hacer si hay voluntad política». Junto a otros candidatos y candidatas, Podemos presentó parte del estudio encargado al Observatorio DESC, de Barcelona, sobre la situación de la vivienda en Balears y la posibilidad de limitar la compra de vivienda solo a personas residentes en las islas. «Hemos escuchado demasiadas veces que esto no se puede hacer. Hoy venimos a explicar que sí se puede», dijo Jover.

Incremento del 93 %

Según los autores del informe (Alfredo Palomera y Miguel Ruiz), hay una docena de casos donde los tribunales europeos han dado la razón a quienes han promovido una limitación. Pero, incidieron, no puede ser general, es decir, afectar a un país entero, sino a territorios que, por razones especiales, precisen de un trato especial. Según explicaron, la compra de suelos por parte de no residentes ha aumentado un 93 por ciento y el valor medio del precio de compra en las Islas es el más alto de toda España, 408.173 euros.

De 2019 a 2022, este precio se ha incrementado un 75 por ciento y se sitúa más de dos veces por encima de la media estatal. En realidad, la propuesta de excepcionalidad no es nueva y debe ser concordante con la legislación europea. El Parlament aprobó en el anterior periodo de sesiones una iniciativa en este sentido. La presidenta balear, Francina Armengol, precisó que esta excepcionalidad podría plantearse en el marco del semestre español de la presidencia de la Unión Europea.

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