Las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT, CCOO y USO han exigido este viernes que se invierta más en el Servicio de Atención a la Dependencia y que las residencias de ancianos no superen las 60 plazas, con el fin de hacerlas más «humanizables». Aun así, rechazan estos centros y apuestan más por la atención en casa y los pisos compartidos.
El representante de UGT, Pedro Berruezo, ha destacado positivamente en una rueda de prensa que Balears es una de las comunidades donde más se invierte en atención a domicilio. Lo ha afirmado en un acto unitario de los tres sindicatos celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebrará el sábado.
A pesar de que la mayoría de residencias son de gestión privada en España, el representante de CCOO, Juan Sánchez, ha insistido en que el Gobierno «debería tener inspectores suficientes para que en esas residencias no se cometan cosas tan graves como las que están sucediendo».
Berruezo ha advertido de que los trabajadores de residencias de gestión privada tiene muy malas condiciones laborales, y muchos, tras la pandemia, han abandonado el sector, por lo que esto ha repercutido negativamente en el servicio y los empleados.
Sobre la comida de las residencias, Berruezo ha considerado que «quizá no es la más idónea, pero no es infrahumana». Así, ha opinado que «el déficit» de los centros residenciales se encuentra en la atención del paciente, reclamando «evitar el pastillazo y las correas» a los mayores. «Eso no es humanidad, no es serio», ha criticado.
Respecto a la sanidad, han insistido en la necesidad de la implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud, situando el gasto sanitario público en, al menos, el 7,2% del PIB y el incremento del gasto en Atención Primaria en un 25%. A pesar de que el copago sanitario no está en Baleares, en otras comunidades sí, por lo que han pedido abolirlo para evitar definitivamente que si cambian el gobierno se pueda aplicar también en las Islas.
En cuanto a las pensiones, los tres sindicatos han exigido mantener «la garantía de unas pensiones dignas y suficientes». «Ahora que nos dicen que vamos a cobrar lo que haya subido el IPC, queremos que quede decretado por ley para que continúe en los próximos años», ha indicado Juan Sánchez, quien ha solicitado fórmulas de calcular las pensiones con las que «no salga perjudicada la mayoría».
Por otra parte, han reclamado una rebaja del precio de los servicios esenciales y que se controles los precios. Además, han considerado necesaria la intervención del Gobierno para evitar el cobro de gastos y comisiones de la banca a los mayores. Según el representante de USO, Marino de la Rocha, alrededor del 70% de los mayores de 65 años en Baleares cobran prestaciones consideradas por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que tienen una pensión inferior a 1.050 euros.