Félix Bolaños es el encargado de coordinar al Gobierno y de llevar las relaciones con las Cortes, de ahí que esté al corriente de prácticamente todo lo que se cuece en La Moncloa y en otros ministerios. También de lo que afecta a Baleares.
La inflación no baja y el Gobierno reclama un sacrificio a los trabajadores. ¿No habría que pedir subidas a los empresarios como hace Baleares?
—Sabemos lo difícil que es para muchas familias poder hacer la compra y por ello es una absoluta prioridad del Gobierno actuar. Esto es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, con las ayudas a autónomos y PYMEs, la gratuidad del transporte a corta y media distancia y la subvención de 20 céntimos el combustible. También hemos negociado en Europa la llamada «excepción ibérica», para bajar los precios de la electricidad. La política útil es esto. Este Gobierno no va a dejar que, como en la anterior crisis, paguen los de siempre y por eso, vamos a pedir sacrificios temporales a los que más tienen, con un impuesto temporal a las entidades bancarias, a las grandes empresas gasísticas, eléctricas y petroleras. En 2012, con un Gobierno del PP, con el dinero de todos se ayudó a los bancos. Ahora en 2022, con un Gobierno del PSOE, con el dinero de los bancos y de las energéticas se ayudará a todos. Esa es la diferencia entre gobiernos de distinto color y cómo afrontar las crisis.
¿Hay previsión de mejora económica o vienen tiempos difíciles si la guerra se alarga?
—Deseamos que la guerra termine cuanto antes. Primero por los propios ucranianos, que ven cómo han sido invadidos y agredidos, teniendo que quedarse a defender su país empuñando armas o huir dejando atrás la vida que hasta entonces conocían. Y segundo porque sería bueno para la economía global, que se ha visto muy resentida por los efectos de la invasión de Ucrania elevando, como estamos viendo, los precios de productos básicos.
Hace apenas dos semanas aseguraba que no habrá recortes de gas en España. ¿Lo mantiene tras el acuerdo con la UE?
—España no corre riesgos de cortes de gas y estamos preparados de cara al próximo invierno. El Gobierno está trabajando en un Plan de Contingencia para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, contando, además, con un buen almacenamiento de gas. Partimos de una situación de ventaja respecto a otros países de nuestro entorno, que tienen mayor dependencia del gas ruso, y es que contamos con suministros diversificados e infraestructuras claves que ponemos a disposición de nuestros vecinos. Somos un país solidario y nuestra propuesta en Europa ha sido siempre de solidaridad, coordinación y eficiencia.
Entre las medidas que anunció el presidente estaba la gratuidad de los bonos de Renfe, que deja a Baleares fuera. ¿Se están planteando que las Islas entren en el acuerdo?
—El compromiso del Gobierno de España con Baleares es indiscutible. Digo una verdad objetiva cuando afirmo que a Baleares le viene bien un Gobierno progresista en las Islas y en España y esto se demuestra con el 25% de financiación más que va a recibir este año Baleares. Cada medida adoptada se adapta a las necesidades de cada territorio y ahí es sumamente importante mantener una buena sintonía, algo que en este caso podemos decir es ejemplar. Desde que Pedro Sánchez es presidente, los recursos de Baleares han crecido un 54% respecto a los últimos cinco años del gobierno Rajoy. En cuanto a más medidas concretas, siempre estudiamos cualquier propuesta que beneficie a Baleares.
Otra reclamación de Baleares: que se apruebe la ley de vivienda que le permita topar el alquiler. ¿Cómo está este asunto, hay tensiones con Podemos?
—Con Podemos ya pactamos que esa ley en el seno del Gobierno. Ahora estamos buscando apoyos parlamentarios para garantizar el quinto pilar del Estado del Bienestar en España: el derecho a la vivienda. Existe demasiado ruido a nuestro alrededor, que muchas veces no deja ver todas las leyes e iniciativas legislativas que aprobamos, pero todos los gobiernos de coalición de la derecha se han roto provocando inestabilidad y adelantos electorales en sus territorios. Respecto a Baleares, tenemos un buen anuncio que hacer y es que en septiembre dará comienzo la operación Son Busquets un desbloqueo que supondrá la construcción de al menos 800 viviendas protegidas en Palma.
Otra más: casi cuatro años después, sigue sin aprobarse la parte fiscal del REB.
—Somos conscientes de la importancia que tiene este asunto en Baleares y por ello, estamos trabajando para que podamos encontrar una fórmula que concite consenso en el Parlamento y así poder avanzar. Queremos que se garantice que Baleares tenga un régimen fiscal justo y por esta razón, trabajaremos para lograr un acuerdo en su tramitación parlamentaria en el que todos estemos cómodos.
En las Islas se aprobó sin problemas y por unanimidad una ley de fosas. En Madrid, la ley de Memoria ha provocado una gran polémica. ¿Por qué?
—La derecha en este país busca el ruido constante, aunque sea en un tema tan importante como que el Estado facilite a personas que no saben dónde se encuentran los restos de sus familiares, la búsqueda de sus restos y que puedan recuperarlos y darles una sepultura diga. ¿Quién puede negarse a algo así? Es pura humanidad.
¿Y qué opina de la postura del Partido Popular?
—Por parte del PP y del señor Feijóo se han utilizado argumentos totalmente falsos, bien porque no se han leído la ley o bien porque quieren utilizar la mentira para enfrentar a los españoles una vez más. Mal está el PP si necesita la mentira para defender sus posiciones políticas. Se trata de una ley que condena la dictadura y el golpe de Estado, que homenajea a todas las víctimas de la guerra y la represión franquista, que reivindica la Transición Democrática, la Ley de Amnistía del 77 y la Constitución Española de 1978. ¿Exactamente con qué punto de todo punto de todo esto está en desacuerdo el PP? Creo que el sr. Feijóo debería soltar lastre con el peor pasado de la derecha en España
¿Entiende los recelos de la derecha a que la norma se pactara con Bildu?
—Esta es una más de las mentiras de Feijóo y del PP. Le dice a los españoles que existe en la ley una enmienda de Bildu para investigar vulneraciones de derechos humanos hasta el año 83. El sr. Feijóo sabe perfectamente que esa enmienda es del Partido Socialista y que se basa, como en países de nuestro entorno que sufrieron dictaduras, en el reconocimiento de que hubo personas que lucharon por la libertad y la democracia después de la muerte del dictador que pudieron sufrir vulneración de los derechos humanos más básicos o incluso les fue arrebatada la vida, como ocurrió con Yolanda González, asesinada en 1980 por ultraderechistas que no aceptaban que nuestro país se dirigiera hacia una democracia y la consolidara. Esta disposición adicional permitirá la creación de una Comisión técnica, de académicos y expertos, que pueda investigar estos casos y que dará lugar a un reconocimiento a esas víctimas que lucharon por la democracia.
Hay una gran tensión política y mediática que irradia de Madrid hacia la periferia. ¿A qué cree que se debe?
—Tenemos una oposición destructiva y nada constructiva. No es la primera vez que ocurre, se trata de desacreditar nuestro sistema democrático siempre que no gobierna la derecha. Así lo hicieron cuando era Felipe González o Rodríguez Zapatero quienes gobernaban y así lo han hecho desde que gobierna Pedro Sánchez, a quien se le insulta constantemente desde la derecha y siempre por una misma razón, porque no son ellos los que gobiernan. Ojalá la derecha española se hubiera parecido un poco más a la europea arrimando el hombro durante la pandemia o ahora con la crisis provocada por la guerra de Putin. Este gobierno ha tenido que sacar adelante medidas para ayudar a los españoles en absoluto abandono por parte del principal partido de la oposición.
¿Por ejemplo?
—El jueves tuvimos unos datos de población activo magníficos, que siguen las sendas de los meses que nos preceden y que vienen a reafirmar que la reforma laboral que impulsamos desde el Gobierno era necesario, incluso con la más férrea oposición del PP. La tasa de ocupación se acerca a los 20,5 millones, la más alta desde 2008 y el número de parados está por primera vez, desde esta misma fecha, por debajo de los 3 millones de desempleados. Tenemos 800.000 empleados más en el último año y millón de afiliados más. Yo sé que estos datos económicos y de empleo son buenos para los españoles, pero la oposición los siente como malos para sus intereses. Ojalá se alegraran de estos datos, como hacemos todos los demás, y remaran en la misma dirección.
Veo que no cree que los cambios en el PP, con Feijóo como líder, pueden ayudar a bajar esa tensión.
—Desafortunadamente no ha sido así y ha dado ya ejemplos de ello, mintiendo a los españoles sobre los datos de paro, sobre la prima de riesgo, sobre la ley de memoria e incluso sobre los motivos para no renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Qué le pasaría a cualquier español que incumpliera una ley porque no le gusta? ¿Estaría permitido que un ciudadano de a pie no pagara el impuesto del IRPF porque no le gusta la ley y quiere cambiarla?
¿Dice que está incumpliendo la ley?
—Es lo que lleva haciendo el Partido Popular durante más de 3 años: incumplir la ley y la Constitución diariamente. Con el señor Casado vimos docenas de excusas para no renovar los órganos judiciales, pero nos ha sorprendido que sr. Feijóo ya haya comenzado a variar las excusas e incluso incumplir acuerdos firmados con sus antecesores para renovar los órganos judiciales y además engañar sobre los motivos. El PP puede escribir una saga de novela de excusas variopintas para no cumplir la ley y la Constitución.
También en clave interna, las relaciones con Podemos han sido complicadas. ¿Llegará el Gobierno hasta el fin de legislatura?
—Hemos demostrado ser el gobierno más estable de coalición en la legislatura más difícil con la que se ha encontrado cualquier gobierno. Para saber de lo que hablo solo hace falta ver cuántos gobiernos de coalición en CCAA del PP se mantienen en pie. Ninguno. Todos han tenido que romper gobiernos y adelantar elecciones, provocando inestabilidad política en momentos donde debieran haber estado ocupados en mejorar la vida de los ciudadanos a los que representan y no tanto en sus ansias de poder, cambiando de socio, en ocasiones, para abrazarse a la ultra derecha.
¿Los acuerdos alcanzados esta semana con Catalunya abren un nuevo escenario para pacificar las relaciones con la Generalitat?
—Solo hace falta hacer un poco de memoria y ver la situación en la que estaban los catalanes en 2017, con una situación de tensión irrespirable. En cuatro años de diálogo hemos avanzado más que en tres legislaturas de enfrentamientos. La herencia recibida del PP fue la de la ruptura, el inmovilismo y el enfrentamiento entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles. Los acuerdos a los que hemos llegado son importantes porque consagran el fin de los monólogos, la ruptura y el inmovilismo. Es el desarrollo de una nueva etapa que merecen todos los catalanes. Todo se basa en el diálogo y en llegar a acuerdos dentro de la ley y así debe seguir siempre. Hacer política, buena política.
En Baleares ya se establece que los centros educativos decidan el modelo lingüístico, pero el Constitucional ha aceptado tramitar un recurso de Vox. ¿Teme que puede haber otra sentencia adversa?
—La derecha y la ultraderecha no hacen más que dividir a los españoles y utilizan para ello lo que es una riqueza cultural y lingüística de nuestro país, las lenguas. Ojalá estas derechas supieran apreciar lo que significa esa riqueza lingüística y dejar de hablar de ella siempre en negativo donde les interesa.
Las perspectivas electorales no son las mejores para el PSOE a diez meses de las autonómicas. ¿Hay que girar a la izquierda tras el mal resultado en Andalucía?
—No hay giros, se trata de una hoja de ruta muy clara: proteger y avanzar. Esto es lo que llevamos haciendo desde el inicio de la legislatura y es lo que vamos a seguir haciendo. Los españoles necesitan que se les proteja y se apueste por ellos a medio y largo plazo. Nosotros estamos con la gente de a pie, todos los días trabajando por ellos. Sabemos para quién gobernamos. Es la derecha quien trata de generar ruido para que los españoles no lo sepan.
Y hablando de Andalucía, ¿cabe plantearse un indulto para Griñán?, ¿qué hará el Gobierno si lo solicita?
—Los indultos son procedimientos legales que tienen que solicitarlos las personas condenadas, una vez que hay sentencia firme. Ni siquiera se conoce la sentencia. No podemos pronunciarnos bajo hipótesis, pero sí querría destacar que el expresidente Griñán no ha sido condenado por apropiarse de dinero que no era suyo. Ni un solo euro. Griñán es una persona íntegra. Lecciones de un partido, el PP, con decenas de dirigentes condenados por enriquecerse ilícitamente, ninguna.
Baleares es una de las comunidades que están en el objetivo del PP para 2023. ¿Cree que Armengol puede repetir mandato?
—Repetirá sin duda. Armengol es una gran presidenta, que ha trabajado en momentos muy complicados siempre con el único objetivo de sacar adelante a los baleares y que las distintas crisis no las pagaran los de siempre. Los baleares valorarán esa protección y esos avances cuando vayan a votar. Igual que valorarán su eficacia y competencia. Baleares fue la primera comunidad autónoma que repartió hasta el último euro de los más de 800 millones que transferimos desde el Gobierno de España para ayudar, en lo peor de la crisis, a autónomos y empresarios. El Govern de Francina Armengol es un gobierno justo y también eficaz y competente. Una garantía para todos los habitantes de las Islas.