La Asociación de Constructores de Baleares -integrada en CAEB- ha puesto el grito en el cielo contra los ayuntamientos por su negativa a revisar los precios de los proyectos de obra. «La actitud de los ayuntamientos nos indigna por su nula solidaridad y empatía con los sobrecostes que han tenido que asumir las empresas, poniendo incluso en peligro su viabilidad», ha denunciado la presidenta de la asociación, Fanny Alba.
Es por ello que los constructores han querido transmitir el «profundo malestar» existente, ya que, denuncian, se han presentado ya 18 reclamaciones a los consistorios sin ninguna respuesta por su parte. Para la asociación, los representantes municipales se están desmarcando a las bravas del dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que obliga a las corporaciones locales -consells insulares y ayuntamientos- a adherirse a las medidas de compensación económica sin necesidad de acuerdo plenario. «No entendemos cómo los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tienen derecho», lamenta Alba.
Asimismo, señalan que solo el 14 % de las obras públicas en Baleares tienen derecho a revisión, ya que el 86 % restante queda pendiente de que el Govern fije los parámetros para la compensación económica. La asociación urge al Ejecutivo a actuar, ya que si se dejara en suspenso el decreto autonómico, advierten, las constructoras acudirían en masa a la justicia ordinario, con el riesgo añadido de «saturar los juzgados».