El ‘caso Puertos' se extiende a la anterior cúpula de la entidad y a Puertos del Estado. La investigación judicial por la adjudicación del puerto deportivo de Ibiza incluye como posibles hechos delictivos bajo investigación al antecesor a Juan Gual en la presidencia de la Autoritat Portuària, Alberto Pons. La magistrada, Martina Mora, apunta a la existencia de un primer acuerdo para beneficiar al Club Náutico de Eivissa, que ya explotaba el puerto durante el mandato de este. En concreto, relata que fue en ese momento cuando se optó por hacer una competencia de proyectos, en lugar de un procedimiento de concurso abierto. Así, se optaba por un mecanismo mucho más restringido. De hecho, se publicó en el BOE antes de la toma de posesión de Gual en julio de 2015. «Es objeto de investigación todo lo relativo a ese anuncio y las personas que participaron activamente en su confección», señala.
Otro de los flecos de la investigación apunta a Puertos del Estado. En 2018, una durísima sentencia del TSJIB anulaba la adjudicación del náutico. Esa resolución judicial fue recurrida y se sorteó con una interpretación jurídica que más tarde fue anulada de nuevo por los tribunales. Esa maniobra pasó al consejo de administración de la Autoritat sin oposición y supuso la dimisión de los dos vocales críticos:el abogado del Estado y el representante de Puertos del Estado.
Este último dimitió después de que la directora del organismo, Begoña Ballano, le telefoneara y le ordenara que, o votaba a favor o se ausentara del consejo. «Los intereses que motivaron dicha instrucción, así como la persona máxima responsable de la misma, es objeto de investigación», señala. De hecho, Ballano es una de las testigos que tendrán que comparecer durante la instrucción para ser interrogadas.