Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un año de cárcel a un millonario ruso por varias construcciones ilegales en una finca protegida en Sóller. La sentencia obliga a la demolición de las obras que no estaban permitidas en la zona, un terreno rústico y protegido como ANEI. Las obras fueron denunciadas por la Guardia Civil que las detectó en el año 2013. Según declara probado la sentencia, en la edificación principal se había cambiado un porche techado destinado a garaje por una estancia cerrada de cuarenta metros cuadrados y se había edificado otro de quince metros. Además se había ampliado en otros 45 metros cuadrados la segunda planta. En otros edificios se había sustituido un almacén viejo por una obra nueva sin licencia y se había edificado un porche con cocina de ochenta metros cuadrados. El objetivo era destinar la finca a un agroturismo y para ello también se habían modificado los caminos internos de la propiedad sin licencia urbanística. La magistrada sostiene que todas esas obras «no debieron ser realizadas y no son susceptibles de legalización».
Durante el juicio, el acusado argumentó que, en todo momento fue aconsejado por un encargado de la finca y que éste le había asegurado que todo estaba bien y que contaban con las licencias municipales en regla. Insistió en que no vivía en la propiedad y que la visitaba de forma esporádica. Se escudó en que desconocía tanto el idioma como la normativa urbanística española y que, por tanto, delegó cualquier responsabilidad.
La magistrada no se cree esta versión. «Llama la atención que no se haya podido determinar quién era el constructor», señala y considera que «es evidente que el acusado no dice la verdad e intenta excusarse con el hecho de que no conoce el idioma español». También añade que no existe un posible error que le sirva de excusa: «El acusado dispone de medios para asegurarse de cómo tenía que hacer las cosas y no lo hizo, realizando obras sin la oportuna licencia y sin un arquitecto que se hiciera cargo de las mismas, lo que implica que sabía que no podía hacerlo y asumió realizarlos sin tener la oportuna licencia». Sí reconoce la sentencia un atenuante por dilaciones indebidas por el retraso en la causa. A partir de ahora, el condenado puede recurrir la sentencia ante la Audiencia.
El apunte
La demolición será supervisada por el Ajuntament de Sóller
La sentencia encarga al departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Sóller que supervise la demolición de las obras ilegales y que, de no llevarse a cabo por parte del propietario, las ejecute a su costa. El dueño, no obstante, ya manifestó en el juicio su intención de devolver la finca a su estado original y ha pedido permiso para ello. Sin embargo, este procedimiento administrativo estaba paralizado mientras se resolvía la causa penal en la que, en ningún caso se discutía la irregularidad de las obras ejecutadas en la finca.