Las alarmas han saltado en muchos ayuntamientos por el duro golpe que el Tribunal Constitucional ha asestado a la llamada plusvalía municipal. Se trata de una tasa que es clave en la financiación de los municipios y que el tribunal ha anulado, al menos en parte. «Los alcaldes estamos preocupados, se trata de unos ingresos que ya están previstos en los presupuestos para 2022 que se están aprobando en muchos consistorios y si no se ingresa lo esperado tendremos que hacer recortes», lamenta Antoni Salas, el presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
En Baleares, la recaudación de este impuesto sobre las construcciones urbanas supondría dejar de ingresar entre el 2 y 4 por ciento de lo previsto en la mayoría de municipios», explica Salas. Una cifra que en el caso de Pollença «puede llegar al 5 por ciento del presupuesto» según el alcalde, Tomeu Cifre; y que en Palma alcanza el 6 por ciento.
Así las cosas, tanto Pollença como Manacor prevén dejar de ingresar un millón de euros. «Pero habrá que esperar a ver la sentencia completa para saber si lo que anula el Constitucional es todo el impuesto o sólo una parte», apunta la delegada de Economía de Manacor, Cristina Capó. En otros municipios como Felanitx lo que se recauda anualmente mediante las plusvalías son unos 150.000 euros. «Nos obligará a reequilibrar el presupuesto, ese dinero no estará y tendremos que eliminarlo de algún tipo de inversión», lamenta el alcalde de Felanitx, Jaume Montserrat.
«Entendemos que el espíritu de la sentencia, que aún no conocemos en su totalidad, no es eliminar el impuesto sino la necesidad de buscar una nueva manera de calcularlo», explica el presidente de la FELIB, Antoni Salas. La sentencia del Tribunal Constitucional «llega después del tercer recurso contra el modo de aplicar el impuesto de plusvalías, es un tema controvertido que una reforma de la ley ya podría haber solucionado», lamenta Antoni Salas. «Lo que pedimos desde hace tiempo los ayuntamientos al Gobierno es seguridad jurídica para todo el mundo, para las administraciones y para los administrados», añade Salas.
Compensación
En el caso de que se tenga que eliminar el impuesto de plusvalías «aunque sea de manera temporal, los municipios de todo el Estado hemos puesto sobre la mesa pedir un posible fondo de compensación al Estado, pero tendremos que ver lo que pasa», explica el presidente de la FELIB, Antoni Salas.
Sin embargo, para algunos alcaldes, la sentencia que pone en entredicho el cálculo del impuesto de las plusvalías que cobran los ayuntamientos «es una oportunidad para reinventarlo, hasta ahora no lo pagan las construcciones en rústico ni tampoco las que son propiedad de sociedades y no de personas», explica el alcalde de Pollença. «Eso no tiene sentido en un territorio como Balears donde las casas de campo adquieren más y más valor y se convierten en inversiones», añade el primer edil de Pollença.