La doctora Sendy Chugo es la única especialista en alergias en plantilla del sistema público de salud de Balears. Una vez finalizada la campaña masiva de la vacunación contra la COVID-19, denuncia las grandes dificultades que ha supuesto y sigue siendo para este tipo de pacientes. «Las listas de espera para la valoración daban fecha para 2022», advirtió durante Alergomenorca, un foro de especialistas de Balears celebrado en Maó.
La médico explicó que para este proceso apenas ha contado con la ayuda de un moderador para el protocolo de vacunación, lo que ha generado un gran cuello de botella que ha llevado a numerosas reclamaciones de los pacientes al IB-Salut.
Así pues, mientras la mayoría de los pacientes alérgicos puede vacunarse contra la COVID-19 sin problemas, el circuito para llegar a la autorización sufre una importante demora, porque sólo hay una especialista autorizada para darla.
Además, la doctora Chugo explicó que quienes han pasado por la evaluación sobre la idoneidad para la vacunación contra la COVID-19 «quieren tener un estudio de alergias, lo que va a conllevar a un mayor aumento de las listas de espera y a la frustración de los pacientes».
Pero la sobresaturación de su consulta también se debe a otros factores. Sendy Chugo advirtió en el encuentro de que no se han realizado estudios alergológicos a la población, lo que afecta a todos los niveles asistenciales.
Tal y como está establecido el sistema, sólo los pacientes que han realizado un periplo por especialistas sin que se encuentre un diagnóstico llegan a su consulta cuando, en las otras comunidades, el alérgico es tratado por un alergólogo y no por la especialidad donde se manifiesta su afección, como puede ser un otorrino o un dermatólogo... «Esto aumenta los costes de la atención sanitaria», hizo ver.
En realidad el problema más grave es que en Balears «hay un único alergólogo para cubrir 1,2 millones de habitantes, cuando en Canarias se cuenta con 32», dijo la especialista.
En la misma línea, se pronunció el presidente de la Sociedad Balear de Alergología, Alberto Oheling, quien denunció esta injusta situación. «En Soria, con 98 mil habitantes, hay dos», añadió.
Oheling pidió a la clase política «que piense en los pacientes, pues sólo tienen acceso a este servicio aquéllos que se lo pueden permitir».