Una gestoría marroquí con servicios administrativos y traducción en Palma está cobrando diez euros por el documento de delegación de voto. Se trata de un trámite que realiza el Consulado del Reino de Marruecos en Baleares sin coste alguno.
La Asociación de marroquíes en Baleares critica que haya una empresa que se beneficie de un poder que debe ser tramitado únicamente desde los servicios consulares porque «si entran terceras personas pueden manipular el voto», lamentó Majid Raissouni, uno de los portavoces, quien denuncia el «oscurantismo» que hay detrás de este proceso que oculta a quién va delegado este voto.
Las elecciones municipales y legislativas en Marruecos se celebrarán el 8 de septiembre. Es la primera vez que ese Gobierno permite participar a los residentes de diferentes partes del mundo mediante el voto delegado, un sistema que, a juicio de esta asociación, «no está siendo democrático» con la implicación de terceros. «El secreto de votación podría perderse en el camino. El Gobierno marroquí debería haber facilitado urnas para que no se delegue el voto», insiste Majid.
Para ejercer este tipo de voto, la comunidad marroquí tenía plazo para inscribirse hasta el 30 de julio. La forma legal es que los votantes acudan al Consulado para solicitar el documento y computarlo. Luego, envían este permiso a la persona que acudirá a las urnas.
Intereses
El propietario de la gestoría ubicada en Palma, Mostafa Boulharrak, es también el portavoz de la plataforma de inmigrantes en Baleares y presidente de la Asociación Al Maghreb. Asegura que hay una alta demanda de votos este año. Por su agencia pasan al día unos 60 marroquíes que solicitan el documento en árabe de delegación de voto.
Desde la Asociación marroquí constatan que la mayoría que participa en los comicios son de una zona concreta de Marruecos (Alhucemas), y que podría haber algún tipo de interés con un partido determinado. Asimismo, les consta que en Inca y Manacor «se está pagando para que acudan a votar. Es muy llamativo la alta participación que hay». La gestoría niega todo tipo de vínculo con los partido político.