Joan Miquel Català le pone voz a la nueva Asociación Balears la Atención de Mayores (ABAM) que aúna a 25 residencias privadas con la finalidad de tener más fuerza ante las instituciones, «pero no para ir en contra, sino para que cuenten con nosotros», aclara. La irrupción de la pandemia ha sido definitiva para su creación.
¿Le ha obligado a dar el paso?
—Una asociación así es siempre necesaria pero es cierto que con la pandemia se ha notado el descontento entre las residencias porque nos hemos tenido que buscar siempre la vida. Parecía que nosotros fabricábamos la COVID-19. No nos hemos sentido defendidos, se nos ha desprestigiado cuando nos han hecho hacer de hospitales en centro que no tienen zonas aisladas, porque no procede. Y hemos duplicado personal y trabajado más que nunca sin ayudas. Se ha bajado mucho la facturación y han subido los costes. Si tenías un positivo, todo el turno del personal se tenía que ir diez días a casa. No somos un hotel que cierra y no pasa nada, la gente tiene que seguir atendida. Y claro, contrata a gente de Milanuncios... de cualquier lado, haz PCR en la privada porque necesitábamos inmediatez... Hemos asumido una responsabilidad que no nos toca, con un coste económico y psicológico.
¿Psicológico?
—Lo ha tenido todo el mundo pero aquí es que nosotros tenemos a gente mayor.
¿Cuáles son sus objetivos ahora?
—Dar una cobertura lo más fácil posible a las personas. Las residencias han tenido contagios porque aquí convive mucha gente no porque no siguiéramos los protocolos o hiciéramos las cosas mal. Los hay que han visto peligrar su negocio, la prensa ha hecho mucho daño porque se enfocó como si fuéramos mataderos, como si nosotros produjéramos la COVID-19, con el trabajo brutal que hemos hecho.
Una de la críticas a los centros privados es que tienen las ratios de trabajador por paciente más reducidas que la pública.
—Ahora se nos ha exigido subir mucho las ratios y lo que hace es que las residencias pequeñas llegará un punto en que no serán rentables, sólo lo pueden asumir las grandes y el problema está allí, no aquí. Nuestras ratios están bien, no son un problema. Al no estar unidos las instituciones nos metieron un gol y nos han puesto ratios como en las públicas, y esto no lo es. Las empresas privadas son el doble de eficientes con la mitad de personal que las públicas, lo sabemos todos. Y ahora hay que pedir que nos dejen más espacio porque estamos muy intervenidos.
¿Está de acuerdo con la intervención sanitaria de ciertas residencias con muchos contagios y las propuestas de sanciones?
—No. La Administración tiene la obligación de hacer cumplir normas pero también de saber si es posible cumplirlas. Tiene que contar con la gente que tiene experiencia, no sólo desde el punto de vista económico sino también para dar un buen servicio. Siempre se han lavado las manos y ahora quieren quedar bien delante de los ciudadanos. Nos inspeccionan cada año dando el visto bueno y con la pandemia no estábamos preparados, pero como los hospitales, como todos. Ahora tenemos medidas y protocolos, con los que ya hemos ganado, pero no nos han ayudado a encontrar personal que es donde necesito yo a la administración.
¿Sienten que les ha fallado la Administración?
—Cuando les hemos necesitado no han venido. Nos pedían la edad de los residentes y con más de 70 nos decían ‘quédatelos' y esta gente paga la Seguridad Social como los demás. Con las UCI saturadas, entraba antes uno de 40 que uno de 80. No te lo decían directamente, pero se ha entendido.
¿Cree que hay que obligar a los trabajadores de residencias a vacunarse por ley?
—Totalmente. El problema es que nos tendrían que dar herramientas para rescindir el contrato como un despido procedente a quien no se quiera vacunar. Es un tema de solidaridad.
¿Han conseguido que los usuarios hagan vida normal?
—Ahora, las visitas siguen siendo programadas, no más de dos personas, y con la nueva normativa de vacunación. Aquí están todos vacunados.