El pleno del Parlament ha rechazado, con los 32 votos en contra de PSIB, Podemos y Més, la propuesta de Ciudadanos de crear una comisión no permanente de investigación sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19, después de que varios altos cargos y personalidades se vacunaran en diciembre.
La propuesta del grupo parlamentario Cs de constituir una comisión de investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación ha contado con 27 votos a favor (Cs, PP, Vox y el Pi) en el pleno de este martes.
La coordinadora de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha defendido la necesidad de la comisión de investigación para «esclarecer con precisión» las pautas que ha seguido la Conselleria de Salud en la vacunación para que se vacunaran personas que no eran de grupos prioritarios en la primera etapa del proceso.
Guasp ha dicho que el orden de priorización es muy claro y es necesaria la investigación en sede parlamentaria porque hubo varios altos cargos, regidores e incluso el obispo de Mallorca que se vacunaron «saltándose la cola», por lo que hay que llegar «hasta el fondo del asunto».
La diputada de Cs ha reclamado «la máxima transparencia y vacunas sin privilegios, ejemplaridad, honestidad, ética y responsabilidades por parte del Ib-Salut» y ha calificado de insuficiente el cese del que era responsable de la vacunación en las islas, Carlos Villafáfila, porque «no ha sido cesado por actuar incorrectamente» sino por una baja por salud y «no por saltarse la cola de vacunación».
La diputada del PP Tania Marí ha asegurado que el hecho de que cargos políticos se hayan podido beneficiar de su posición para vacunarse antes que personas vulnerables requiere la «depuración» de responsabilidades.
Según Marí, en otras comunidades la propia administración ha abierto investigaciones por casos similares de posible fraude en la vacunación, como en la Comunidad Valenciana, y en Cataluña la Oficina Antifraude ha advertido de que pueden ser considerados casos de corrupción.
Marí ha criticado que el Govern no haya asumido «ninguna responsabilidad ni haya hecho ningún tipo de autocrítica» y ha dicho que esos sucesos «no pueden quedar impunes». Ha acusado a MÉS y Podemos de someterse a Armengol y ha pedido que apoyen su propuesta de que la Oficina Anticorrupción inicie actuaciones de oficio por presunta actuación irregular en el proceso de vacunación.
La diputada de Vox Idoia Ribas ha manifestado su apoyo a la comisión de investigación porque, además de que la vacunación de altos cargos socialistas se haya sabido por los medios de comunicación, las explicaciones al respecto por parte del Govern han sido contradictorias y «ha sido imposible conocer la verdad de los hechos».
También la portavoz del PI, Proposta per les Illes, Lina Pons, ha reclamado ejemplaridad en el proceso de vacunación y ha apoyado la comisión de investigación por transparencia.
La diputada de Podemos Antonia Martín ha explicado que si bien su grupo parlamentario se planteó inicialmente respaldar la comisión de investigación, son partidarios de otras medidas tras las explicaciones de la consellera de Salud en su comparecencia, «los acontecimientos de las últimas semanas y la información pormenorizada del proceso de vacunación recopilada».
Martín considera que para lograr la máxima transparencia en la vacunación y que no haya «ninguna puerta trasera que permita saltarse la cola», así como la ejemplaridad y responsabilidad de quienes participen en el proceso y «muy especialmente de los servidores públicos», son necesarias una auditoría cuando la vacunación haya alcanzado al 70 % de la población y que se convoque de manera urgente la Comisión de Ética Pública del Govern.
«Ahora no podemos parar el proceso de vacunación y ponerlo patas arriba», ha asegurado.
El diputado Josep Ferrà ha asegurado que Més per Mallorca reclamó en cuanto lo supo la lista de cargos vacunados y la obtuvo, así como asunción de responsabilidades y pidió el cese del coordinador de vacunación «por responsabilidad sobre el resto de personas que ese día se vacunaron», pero nunca ha respaldado la comisión de investigación en el Parlament.
Ferrà ha recordado que hace tres semanas que Més pide la convocatoria Comisión de Ética Pública del Govern, que considera que «será mucho más ágil que una comisión de investigación» en el Parlament y «no interferirá en el proceso de vacunación», y saber si estos cargos vacunados han actuado en virtud de Código Ético del ejecutivo autonómico.
La diputada de Més per Menorca Patricia Font ha pedido una evaluación postpandemia porque considera que, una vez se haya alcanzado un porcentaje elevado de población vacunada será el momento de «saber qué ha pasado» y ha cuestionado la comisión de investigación: «No sé si es lo más adecuado para seguir dando imagen de desconfianza».
El socialista Juli Dalmau ha defendido la necesidad de apoyar al Govern para garantizar el éxito del actual proceso de vacunación y no frustrar las expectativas que genera, y sobre los posibles casos de vacunación irregular ha dicho que «es indispensable ser implacable con los casos que se salten el turno de vacunación y transparentes en la justificación de los casos que puedan generar controversia».
En su opinión, el Govern ha hecho las aclaraciones necesarias de la vacunación de varios cargos el 27 de diciembre y ha quedado claro que «ninguno lo hizo por criterio político ni por ser alto cargo», y que «por sus competencias resultaba oportuno que fueran vacunados» por riesgo de contagio en su trabajo y las labores que desarrollaban.