Jaume Tortella (Inca, 1979) es conseller electo del Consell de Mallorca y vicepresidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). También preside la comisión política que ha creado el Consell en el marco del IMAS para determinar si han existido responsabilidades políticas en el escándalo de los abusos sexuales a menores tutelados, que el PP y Vox desaprueban.
¿De qué va a servir la comisión política?
— Hasta la fecha hemos analizado el problema desde un punto de vista técnico. Ahora se trata de saber si los políticos de turno habían tomado o no medidas para erradicar el problema, si estas medidas eran o no acertadas o si lo habían abordado correctamente.
Los cuatro partidos de la oposición pedían una comisión de investigación del pleno, que ya estaba reglamentada, y se oponían a esta, que se enmarca en el Consell Rector del IMAS y que no estaba prevista.
— Así es, pero hay que tener en cuenta que se trata de un asunto tan delicado y que merece tal sensibilidad que el equipo de gobierno consideró que se debía tratar en el seno del IMAS, que sí permite esta tranquilidad. Dos de los grupos de la oposición [Cs y PI], con responsabilidad, han decidido sumarse a la comisión política.
¿Por qué tendría que ser menos ruidosa en el Consell Rector del IMAS que en el pleno?
— En el Consell Rector del IMAS están todos los grupos representados. La comisión de investigación del pleno es abierta per se; en cambio, aquí se podía definir entre todos, por consenso, como se haría para que la información sería transparente. Recordemos que se habla de menores.
Pero sobre todo de responsabilidades políticas.
— Pero ligada a nuestro usuario. El problema tratado son los menores, que son personas sensibles y que están protegidísimas. Así los políticos podemos hablar con mayor tranquilidad y decidir qué puede ser transparente y qué no.
O sea, que no toda la información puede ser transparente para preservar a los menores.
— Exacto. Y la comisión en el ámbito del IMAS nos permitía consensuar estas reglas.
Ya han celebrado algunas sesiones, todas a puerta cerrada. ¿Las habrá abiertas a terceros?
— No se cómo serán, tendremos que consensuarlo con los grupos. Inicialmente pensamos que las comparecencias de políticos serían abiertas, pero en la situación en qué estamos haremos que sean cerradas, aunque habrá parte de la documentación que sí será pública. Las conclusiones que publicaremos, que ya estarán depuradas, serán públicas.
Concrete lo que según ustedes no puede ser público.
— Sobre todo, aquello que permita identificar a un técnico o un caso.
¿Y no existen otros mecanismos para preservar a menores y técnicos? Pienso en los agentes policiales que testifican en un juicio, a los que se identifica con un número, o en las mamparas que se instalan en los juicios...
— Así lo acordamos los grupos cuando se constituyó la comisión.
Inicialmente el gobierno propuso que se comenzara a investigar a partir de mayo de 2011, justo cuando Francina Armengol cesó como presidenta del Consell.
— Era una propuesta de trabajo que partía de una fecha: el 2010, que es cuando se aprobó el primer protocolo de protección infantil. No es que se pretendiera excluir a nadie. Luego se decidió que en función de las comparecencias que se vayan realizando se llame a cualquier político.
El PI i Cs advirtieron durante meses que no participarían en esta comisión política, que solo lo harían en la de investigación. Sin embargo, dos días antes de que se constituyera dijeron que sí participarían y salvaron la comisión. Quiero decir que de no ser por este cambio de criterio solo habrían participado los tres partidos del gobierno. ¿No hay ningún acuerdo político entre la izquierda y el PI y Cs?
— No, que yo tenga constancia, no. Yo no tengo opciones de negociar grandes pactos políticos. Planteé al PI y Cs que teníamos esta oportunidad y creo que han sido generosos.
¿Ya pueden garantizar que no volverán a producirse abusos en el IMAS?
— Javier de Juan [el presidente del IMAS] dijo en enero del año pasado que si acabar con los casos dependiera de su dimisión dejaría el cargo. Es un problema de la sociedad, de los abusadores que forman parte de la sociedad. Es a ellos a quien hay que perseguir. Y también hay que trabajar para educar a los adolescentes, enseñarles a empoderarse y que sean capaces de dirimir si aquello es o no conveniente.
Hablemos de las residencias, que han estado en el ojo del huracán durante la pandemia. ¿Se ha notado en las listas de espera? ¿Hay menos personas interesadas en acceder a una plaza?
— No. El perfil del usuario actual es de personas dependientes y no ha disminuido. De hecho, recientemente se han retomado los ingresos, que se paralizaron cuando el virus arreciaba.
¿Usted se ha vacunado?
— No.
¿Cuándo le toca?
— Pues como a usted. Veo que hay perfiles para los que es más necesario antes que a mi.
¿Y qué opinión tiene sobre la vacunación de cargos institucionales o relevancia social, como el caso del obispo?
— Creo que hay dirigentes que sí que se tienen que vacunar, como por ejemplo el gerente de un hospital. En cualquier caso, hay que cumplir el programa diseñado por la Conselleria Salut. Es lo que hacemos en el IMAS.