Carlos Gómez asumió la semana pasada la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Sustituye a Antoni Terrasa tras 16 años de mandato.
¿Qué cambios va a haber en la institución?
— En principio van a cambiar pocas cosas, porque yo creo que el anterior presidente lo ha hecho muy bien y mantener una línea de continuidad en las instituciones es positivo. Mi intención es potenciar el papel de la Presidencia como apoyo a la tearea difícil que tienen los jueces y hacer valer muchas de las necesidades de la administracion de Justicia ante las distintas instancias. También es muy importante explicar a la sociedad un mundo complejo como es la administración de Justicia.
Dijo que ser el único candidato era un respaldo implícito de sus compañeros, ¿también lo ha tenido explícito?
— Sí. He sentido que tengo su apoyo para esta nueva etapa.
A la vez, asume formar parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU
— Ha encajado. El Comité de Derechos Humanos es como un puzle, tiene que haber gente de distintas culturas, continentes. Junto a mí se ha elegido a una mujer egipcia, a un hombre surcoreano. Me llevará un poco de dedicación, supone ir tres veces al año a Ginebra.
También sostiene que el funcionamiento de la Justicia en las Islas es adecuado, entonces, ¿las quejas?
— Lo dicen los números. La Administración de Justicia aquí funciona un poco mejor que en el resto de España. Hay más productividad, se sacan más sentencias y hay menos retraso. Son los dos parámetros para medir la eficiencia. Satisfactorio no lo es, porque tenemos que aspirar a más. La Convención Europea de Derechos Humanos dice que hay que ser juzgado en tiempo razonable. Si la Justicia no es eficiente, es injusta.
¿Dónde están los problemas concretos?
— Los problemas estructurales están en el Contencioso, donde tres juzgados son insuficientes y el tiempo en el que se cita para juicio es excesivo. Otro punto de retraso estructural son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Debe existir el tercero en Palma: tratar estos delitos requieren una atención muy personalizada a la víctima, crear espacios donde haya confianza.
¿Ha habido riesgo de colapso por la pandemia en los juzgados?
— La situación más delicada fue justo al levantarse la suspensión de los plazos procesales. Además debíamos asumir una forma distinta de trabajar: juicios online y teletrabajo. Eso requiere un tiempo y es lo que marca que aún no hayamos llegado al nivel previo.
Reclama más espacio en los juzgados, ¿hace falta una ciudad de la Justicia?
— Hay situaciones diferentes según los sitios. Eivissa está mejor, en Inca hay un edificio judicial, en Manacor no, es uno de los sitios donde es imprescindible un edificio. En Palma, lo que necesitaríamos de verdad es un edificio grande para la Audiencia Provincial y los juzgados de lo Penal. No una ciudad de la justicia. Basta un edificio potente, Con salas polivalentes para hacer macro juicios.
Siempre ha defendido que la instrucción la lleven los fiscales, como ahora se plantea, ¿por qué?
— En primer lugar aportaría claridad, porque hay una confusión de papeles entre el juez que investiga y el fiscal. Por otro, el juez acumula funciones muy distintas como la de investigar y garantizar derechos. El juez de instrucción es una figura que ha desaparecido de casi todos los países del mundo.
¿Evitaría algunos problemas que hemos visto en Baleares?
— Sí, en Baleares y en toda España. Las funciones serán más claras.
Como presidente del TSJB, no como juez instructor, ¿ha desgastado a la Justicia todo lo ocurrido en torno al ‘caso Cursach?
— Sobre este caso en concreto prefiero no decir nada. Lo marca la ley. Las actuaciones sumariales son reservadas y no seré quien desvele directa o indirectamente ningún tipo de información. Como juez, no debo opinar. No tengo que defenderme, tengo que aplicar la ley. La valoración es muy de fondo y ahora precipitada. Sería hablar de un caso vivo y que llevo.