Quien pretenda construir sin licencia en suelo rústico lo tendrá aún más difícil a partir del próximo año. La Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo dependiente del Consell de Mallorca, ha presupuestado para 2021 la adquisición de ocho drones con el fin de facilitar la detección de infracciones urbanísticas.
Se ha previsto una partida de 8.000 euros, de manera que cada dron tendrá un coste máximo de 1.000 euros. Fuentes del Consell explicaron que estos dispositivos estarán a disposición de los inspectores de la ADT, que los podrán utilizar únicamente en caso de no poder acceder al lugar en el que se ha cometido la supuesta infracción.
Cuando un inspector se desplaza para investigar una posible construcción ilegal a menudo se encuentra con qué no puede acceder a la finca. En estos casos suele recurrirse a las fotografías aéreas, pero estas imágenes, si no son recientes, no recogen la supuesta infracción y por lo tanto no sirven. Además, hay también casos en que no se pueden apreciar las construcciones ilegales en las fotos porque la vegetación las oculta. Los drones deben permitir a los técnicos sortear estas limitaciones.
Derecho a la privacidad
Los inspectores deberán superar unos cursos de formación específicos para poder utilizar los drones. En estos cursos se les enseñará la normativa que regula los vuelos de drones y las cuestiones de derecho relativas a la preservación de la intimidad y la privacidad de las personas, señala el Consell. En cualquier caso, remarca la institución insular, los drones se utilizarán únicamente «en los casos que sea imprescindible».
La Agència de Defensa del Territori se creó en 2009, siendo Francina Armengol la presidenta del Consell de Mallorca, la legislatura 2007-2011. No obstante, estuvo prácticamente inactiva hasta hace cinco años, cuando la izquierda volvió al Consell y apostó por esta herramienta para poner freno al urbanismo ilegal en rústico. En estos cinco años, se ha dotado la ADT de una nueva normativa y se han incrementado notablemente sus recursos, tanto humanos –pasó de 14 a 35 empleados en cuatro años–y materiales.
A lo largo de este período, numerosos municipios se han adherido a la Agència de Defensa del Terrtori, que en 2019 ya ejercía las competencias en inspección urbanística en suelo rústico en 29 de los 53 pueblos de Mallorca.
Solo en 2019, la ADT realizó 434 actuaciones preliminares e impuso hasta 368 sanciones por un importe de 6,1 millones de euros. Asimismo, el organismo ordenó la paralización de 73 obras ilegales, dictó 115 órdenes de demolición y ejecutó 124.
Estos números son notablemente superiores a los de los años anteriores. Entre el 2009 y el 2015, el período en que la Agència funcionaba a ralentí, únicamente se llevaron a cabo 19 demoliciones. Una vez reactivada, entre los años 2016 y 2019, esta cifra se disparó hasta alcanzar los 302 derribos.