Se llama Juan Manuel Quintanilla, pero todo el mundo le conoce como ‘el Kinta' y llega directamente desde el corazón de Corea (Camp Redó). Es un hombre parco en palabras, rostro serio y cara de pocos amigos. Accede a autorizar este reportaje porque venimos recomendados por uno de sus amigos del barrio. «Nosotros somos profesionales de la desokupación. Lo último que buscamos es protagonismo o acaparar portadas en los medios de comunicación. Afortunadamente, tenemos más trabajo del que podemos asumir. Os puedo asegurar que cuando alguien tiene un problema, nos encuentra», apunta el portavoz de Stop Okupas en Baleares.
Echar a un okupa por la vía legal no es tarea fácil. Poner fin a una situación de vivienda okupada es tarea compleja, sobre todo, porque la ley no encuentra una fórmula efectiva para poder expulsarlos y que el legítimo propietario pueda recuperar su inmueble.
| «Mamá, tengo algo que decirte: ‘Papá lleva cinco años abusando de mí'» |
«Todos los integrantes de nuestro grupo –no le gusta llamarlo empresa– somos gente que venimos del sector de la seguridad privada, controles de acceso, porteros de discoteca y gimnasios. La gente que viene a nosotros está desesperada. Es muy injusto que entren en tu casa, tengas que seguir pagando la luz y el agua y encima la ley esté de parte de los asaltantes. Nosotros lo tenemos muy claro, donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. El 95 por ciento de nuestras actuaciones son de intermediación ‘amistosa' entre los okupas ilegales y la propiedad», apunta Quintanilla.
Un equipo de Ultima Hora tiene la oportunidad de vivir en directo una de las actuaciones de la empresa de desokupación mallorquina. Por cuestiones de seguridad y para preservar la identidad del cliente nos solicitan que omitamos indicar el domicilio de actuación. A su llegada, el ‘negociador', arropado por cuatro jóvenes corpulentos, establece un diálogo fluido y cordial con los ocupantes ilegales de la vivienda. «Nos envía la propiedad y quiere que salgáis de la vivienda en menos de 48 horas. Hay dos fórmulas para hacerlo: por las buenas o por la nuestra. Aquí todos sabemos que no os vais a quedar. Por tanto, os damos 200 euros en efectivo, recoger vuestras cosas y para fuera. Si no lo hacéis, vamos a montar un control de acceso en la puerta del edificio con vigilantes de seguridad (dados de alta en Seguridad Privada de la Policía Nacional) y no vais a poder entrar».
| Un padre y su hijo, multados con 3.000 euros por ir al veterinario durante el estado de alarma |
En la puerta del edificio, se encontraban cinco gigantes culturistas más por si la situación se complicaba. Tras una corta pero intensa negociación, el okupa acepta el dinero y solicita 72 horas para hacer la mudanza. Tras reconocer que entró en la vivienda ‘al patadón', establecen que en menos de 48 horas deberá abandonar el inmueble. Toda esta escena fue grabada en vídeo y previo informe elaborado por un conocido abogado de la Isla. Dos días más tarde, la dueña de la casa pudo cambiar la cerradura y recuperar su hogar.
«No somos una ONG. Nosotros cobramos por hacer nuestro trabajo, pero os aseguro que somos mucho, pero que mucho más baratos y rápidos que la justicia. Los juzgados tardan años en sacarlos y nosotros en 24 horas los tenemos fuera. También tengo que puntualizar que no trabajamos para bancos y cuando nos encontramos viviendas ocupadas por familias con niños acudimos a servicios sociales para que sean ellos quienes tomen cartas en el asunto», concluye.
¿Cuánto cuesta echar a un okupa en España?
Echar a un okupa en España de forma legal oscila entre los 10.000 y 20.000 euros. Según varios portales especializados, el tiempo que transcurre desde que el propietario interpone la demanda de desahucio por precario hasta que se produce el lanzamiento con una orden judicial es de unos ocho meses de media. Y los costes se disparan. Un abogado puede cobrar unos 1.500 euros y otros 400 en procuradores. A todo ello hay que añadir unos 300 euros de cerrajero, acta notarial de entrada (300 euros), costes de reparación de daños ocasionados y el dinero no cobrado por la explotación de la vivienda (alquiler).