Más de 500 empresas de reparación náutica de Baleares tendrán que hacer frente, a partir del próximo 1 de julio, a una nueva tasa que les obligará a repercutirla en el precio final que cobran al cliente, según fuentes del sector. Esto provocará una huida de clientes a otros destinos, como Barcelona y Valencia.
Esta tasa afecta a las empresas dedicadas al mantenimiento y reparación del sector náutico de Balears ubicadas en la zona de dominio público gestionada por la Autoritat Portuària de Balears (APB). Hasta ahora se abonaba una cantidad fija anual al margen de la magnitud de la empresa y ahora se pagará en función de la actividad. En concreto, se abonará un 1,5 % o un 3 % de la facturación bruta de la empresa, una cantidad que varía según la empresa, aunque ronda el millón de euros en las más pequeñas.
Se aplicará uno u otro porcentaje según dónde se lleva a cabo la tarea y afecta a cualquier trabajo que se realice a bordo de la embarcación en el agua o en dique seco. Además, también tendrán que abonar la tasa las empresas con sede fuera del puerto pero que lleven a cabo tareas dentro de la zona gestionada por la APB. Esto implicará tener que realizar diferentes facturas al cliente.
Esta tasa corresponde a la aplicación por parte de la APB de la Ley de Puertos del Estado de 2010. Sin embargo, ha provocado malestar entre las empresas afectadas, que ven peligrar su competitividad ya que Balears será la primera comunidad donde se va a aplicar.
El presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de las Islas (AENIB), Jaume Vaquer, explicó que las nuevas tasas supondrán «incrementos importantes» respecto de la actual tarifa que pagan a la APB. El sector consiguió un aplazamiento de esta tasa a finales del pasado año, que finalmente se aplicará el 1 de julio, un momento difícil «pues el 50 % de las empresas tienen expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) en vigor».
Desde la patronal reconocen que si bien en los últimos meses han permanecido activos es porque se han llevado a cabo encargos de antes de que se iniciara la pandemia, pero durante este tiempo apenas han entrado nuevos encargos debido a las restricciones a la movilidad. «Nos espera un invierno muy duro», pronosticó Vaquer.
El sector cuenta con el apoyo de la patronal de CAEB, Carmen Planas, que calificó de «error» aplicar la tasa en estos momentos. Además, criticó la «complejidad burocrática» que supone. «Las empresas están naufragando en un mar de dudas y siguen desconociendo hasta cómo van a tener que liquidar la tasa», lamentó.
Favorece la competencia desleal
El sector lamenta que la entrada en vigor de la tasa supone más fiscalización a las empresas estatales, pero «sin control sobre las extranjeras». Entiende que favorece la competencia desleal y que muchos propietarios optarán por adquirir fuera el material de reparación.