El grupo ecologista GOB ha acusado al Govern balear de engrosar la lista de comunidades que apuestan por destruir más territorio, recursos y garantías ambientales con la excusa de la reactivación económica post-COVID-19 y de «perversión máxima» por «vender el relato» de favorecer a hoteleros e inversores para que generen empleo, aunque éste sea precario y sin garantías.
La entidad ha asegurado en un comunicado que, el mismo día que el Govern aprobó el decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias, Greenpeace denunció en un informe la destrucción de políticas ambientales con la excusa de la reactivación económica post-covid en Baleares, Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha y Canarias.
Greenpeace criticó que el Govern se sumara a este tipo de propuestas «al presentar un decreto ley que permite que ampliar hoteles al 15 % y obras con solo una declaración responsable para otorgar licencias urbanísticas, como en Andalucía, Madrid o Murcia».
Según el GOB, Baleares, gobernada por PSOE, Podemos y MÉS per Mallorca, se suma a los territorios que «aprovechan el discurso de la reactivación económica post-COVID para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en la construcción y el binomio con el sector de la industria turística, sin la suficiente evaluación de impacto ambiental».
El grupo ecologista denuncia que el decreto implica la modificación de 14 puntos de la Ley de Urbanismo de Baleares.
Acusa al Govern de convertir hoteles en viviendas «para engordar la rentabilidad especulativa inmobiliaria de los propietarios e inversores» y permite «legalizar marinas secas que hace años que operan ilegalmente y con la connivencia de la administración al puerto de Andratx».
Sobre los beneficios fiscales aplicables a tasas portuarias, EL GOB alerta de que previsiblemente son para atraer cruceros, y critica además que «confisca los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible».
Según el grupo verde, el Govern ha «olvidado totalmente» que el pasado noviembre firmó la declaración de emergencia climática, con un decreto cuyas medidas «van completamente en la dirección contraria a la asunción del estado de emergencia climática».
Ante la indicación de que para acogerse al régimen excepcional, las obras de reforma integral deben mejorar la eficiencia energética e incorporar mecanismos de ahorro de agua, el GOB critica que no exige ningún tipo de medida concreta ni fija porcentaje de mejora.
El GOB denuncia además que el Govern le ha «ocultado deliberadamente» el decreto en las reuniones mantenidas, cuando sí se ha discutido con hoteleros y sindicatos mayoritarios.
«La perversión máxima es vender el relato de que, favoreciendo los hoteleros e inversores, se piensa en las personas, para que se generen puestos de trabajo, independientemente de que estos sean precarios y sin garantías y sin atender a toda la gente que opera en la economía sumergida por pura subsistencia», concluye el GOB.