El proceso de desescalada, el desconfinamiento, está generando polémica. La liquidación del estado de alarma genera controversia, para unos demasiado rápida y para otros lenta y desorganizada. Pero nadie la contempla desde la indiferencia, no en balde está en juego la salud y la economía; una combinación siempre compleja pero que en esta ocasión tiene un claro componente dramático: los más de dos centenares de víctimas mortales y los miles de infectados por la COVID-19.
Los expertos y los responsables de los sectores más afectados se pronuncian, ofrecen su punto de vista en este gran debate social sobre la desescalada tras el punto y aparte que significa la pandemia del coronavirus.
La situación sanitaria
El responsable del departamento de Virología del Hospital de Son Espases, Jordi Reina, ofrece una visión optimista: «Partimos de una posición privilegiada para iniciar las diferentes etapas del desconfinamiento». Este experto se basa en la baja incidencia de la enfermedad en las Islas y el nulo impacto en el aumento de casos de la apertura de determinadas actividades. Desde su punto de vista, con los datos disponibles, «el inicio de la mayoría de actividades económicas y sociales a partir del 11 de mayo no afectará de una forma directa y significativa sobre la enfermedad, siempre y cuando se respeten las normas de distanciamiento social».
Reina no es partidario de acelerar el proceso para evitar un rebrote de la COVID-19.
Pero es el factor económico el que, en estos momentos, más presión ejerce sobre la velocidad del desconfinamiento. El catedrático de Economía Pública en la UIB, Amedeo Spadaro, es contundente ya que, en su opinión «el coste económico y social aumenta exponencialmente con respecto a los días de cuarentena. Es impensable seguir parando el sistema económico por más tiempo», mientras que respecto a la intensidad de la desescalada apunta que «depende del ‘músculo' de nuestro sistema sanitario. ¿Cuántos contagios diarios somos capaces de aguantar sin congestionar el sistema sanitario? Las autoridades deberían informar mejor y con más transparencia sobre este tema. No es el momento de improvisar».
Los empresarios
Desde la patronal CAEB, su presidenta, Carmen Planas, también plantea la combinación entre reactivación económica y salud. Desde su perspectiva «es urgente conocer la incidencia real del COVID-19, y para ello es preciso aumentar el número de test; en este sentido el compromiso empresarial es absoluto». Con el objetivo de abrir puertos y aeropuertos antes del 1 de julio, reclama de la Administración garantías de una atención sanitaria adecuada, así como que el Gobierno «se vuelque en garantizar la máxima liquidez para las empresas y que extienda las medidas fiscales», junto con medidas de flexibilización laboral.
Para el presidente de Pimeco, Antoni Fuster, los planes de desescalada pecan de «falta de consenso y precipitación», al tiempo que admite las «incertidumbres generadas» en el sector el impacto de la crisis en el turismo, del que depende en un 80 por ciento. La flexibilización de los ERTE es una reclamación básica del pequeño comercio, junto con otras como la accesibilidad al centro de Palma. Fuster concluye que «nuestra valoración es crítica ante las decisiones poco concretas que se toman y, por tanto, tememos mucho por la situación en la que quedará el pequeño comercio ante esta pandemia». En todo caso, asegura que comprar en las tiendas será seguro.
Si hay un subsector especialmente afectado por el confinamiento y de manera muy especial en Baleares es el de la Restauración, cuyo presidente, Alfonso Robredo, denuncia que «hay un vacío total y los empresarios no se aclaran, ni la Administración. La información que llega está bastante confusa para los técnicos», y añade que «todavía no sabemos si los clientes pueden venir a nuestros establecimientos, qué horarios podemos tener ni tampoco hay información clara sobre los ERTE; hay empresarios que no han cobrado nada, ni él ni sus trabajadores. Están pendientes de lo que les contesten los bancos. La situación es bastante crítica».
El sector más emblemático de la economía balear es, sin duda, el hotelero. Desde la declaración del estado de alarma todos los establecimientos se vieron obligados a cerrar y las condiciones de apertura, a partir de mañana, serán muy severas respecto a las atenciones a los clientes. En este sentido, la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Maria Frontera, admite ganas por recuperar la normalidad «contando con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes».
Los hoteleros han propuesto una serie de protocolos que están pendientes de su aprobación por parte del Ministerio de Sanidad, aunque Frontera no oculta que «los escenarios de apertura que manejamos nos sitúan en el mes de julio. Es el horizonte que nos hemos fijado para, al menos, poder testear cómo se desarrolla la actividad turística y hacer los ajustes necesarios». Sobre esta cuestión, la dirigente hotelera quiere dejar constancia de que «hay que tener en cuenta que hay muchos factores que intervienen, como las autorizaciones para viajar de los países emisores, la conectividad, controles a los visitantes, que toda la cadena cumpla con los protocolos establecidos, ...» A modo de conclusión advierte que sus objetivos temporales «se modificarán si es necesario, pero queremos ir marcando plazo y alineando a los actores involucrados. Sabemos que la actividad será mínima, pero hay que intentarlo por la economía, el destino, los trabajadores y las empresas».
Los ciudadanos
¿Y los ciudadanos? El director del Institut Balear d'Estudis Socials (IBES), Gonzalo Adán, comenta que «la desescalada la podríamos estar haciendo muchísimo mejor. Más allá de que no entiendo cómo podemos juntarnos 50.000 palmesanos a las 20 horas en el Paseo Marítimo sin distancia de seguridad, mientras que los comercios siguen casi cerrados, tengo la sensación que lo único que se intenta es volver a la normalidad cuanto antes a la situación anterior, sin ningún tipo de reflexión colectiva. Nos hemos pasado treinta años criticando nuestro modelo económico, la financiación injusta, el turismo de masas, el bajo nivel educativo, la destrucción del medio ambiente, la falta de singularidad, y una desescalada rápida nos dejará aún peor durante al menos dos años».
Adán considera que «es nuestra obligación convertir esta tragedia en una oportunidad para mejorar como sociedad, y no veo ningún grupo de trabajo, ningún colectivo de reflexión, ninguna comisión de sabios, ni ninguna plataforma que diseñe un modelo más armónico. Un cambio tan trascendente no puede dejarse en manos de las prisas y del azar».
Así queda el complejo puzzle de la desescalada que este lunes tiene un importante punto de inflexión, con la entrada del conjunto de Baleares en la fase 1 de los planes del Gobierno. La sombra de un error en el frente sanitario que de al traste con el arranque, a trompicones, de la economía planea en todos los frentes. Hay un temor a un repunte de los contagios que obligue a retroceder sobre todo lo avanzado con el confinamiento, muy severo en determinadas etapas, circunstancia que cegaría cualquier posibilidad de recuperación –por mínima que sea– en términos empresariales y de generación de empleo.
Todo apunta a que la clave, en estos momentos, reside en la seguridad. Seguridad en los establecimientos comerciales, de restauración, alojamiento, traslados... Incluso en algo tan básico y cercano como el salir a dar un paseo. Durante semanas se ha recurrido al símil del túnel, pero a medida que se atisba el final se confirma de que la salida está precedida de un laberinto confuso, incierto; un camino todavía por explorar.