Hacienda siempre encuentra. La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman penas de ocho años de prisión por un delito fiscal a cada uno de los administradores de una sociedad que vendió un local en Palma por 2,2 millones de euros y no presentó ninguna declaración a Hacienda: ni impuesto de sociedades ni IVA. Los dos socios, que además eran pareja, basan buena parte de su defensa en que no llegaron a recibir ninguna notificación de Hacienda.
Los inspectores de la Agencia Tributaria relataron al magistrado cómo durante meses buscaron a la pareja en cada domicilio del que tenían pista y cómo estos les intentaron esquivar. El ratón y el gato con la Agencia Tributaria terminó en el juicio celebrado esta semana en Palma.
Los dos acusados niegan que conocieran la reclamación de Hacienda y, a la vez que fueran administradores de hecho de la sociedad. La empresa se había montado a mediados de la década pasada y como único activo tenía unos bajos en la calle Velázquez de Palma.
Durante siete años, la única actividad que tuvo esa sociedad era el arrendamiento de este inmueble. Eso hasta 2012 cuando lo vendió por 2.270.000 euros a una entidad bancaria.
Por esa operación tendrían que haber pagado 696.000 euros en impuestos, tanto en el de Sociedades como en el de IVA. No presentaron declaración alguna ni, por supuesto, pagaron un solo céntimo.
El inspector de Hacienda que se ocupó de este caso y que formuló la propuesta de que fueran denunciados por delito fiscal explicó en el juicio cómo vaciaron la cuenta corriente de la sociedad para desviar el dinero al de uno de los acusados. Así, retiró más de 200.000 euros en efectivo y, el resto del dinero, lo destinaron a amortizar la hipoteca que había sobre el inmueble.
Hacienda intentó notificar por todas las vías posibles la apertura de la inspección: de forma telemática y después, rastreando cualquier pista en la potente base de datos de la Agencia Tributaria. Así, en el domicilio fiscal de la administradora se encontraron con el padre de ésta: «Nos dijo que no sabía dónde estaba su hija y que no tenía su número de teléfono pero que creía que vivía con el otro acusado en Bahía Grande». Allí, sí encontraron al otro encausado gracias a la base de datos y a los consumos eléctricos que le fueron descubiertos. El inspector señala que sí le pudieron entregar una notificación pero que insistió en decir que no tenía nada que ver con la sociedad, a pesar de que las cuentas corrientes en las que terminaron los fondos eran suyas.
Además de las elevadas penas de prisión, las acusaciones públicas reclaman multas de 1,3 millones de euros para cada uno de los acusados y el pago del dinero defraudado a Hacienda. Casi cuatro millones en total.