El Govern quiere acabar la legislatura con el sector de alquiler de vehículos con conductor (VTC) regulado. Si bien ya denegó la autorización de alrededor de 200 licencias a Ares Capital para implantarse en las Islas, lo que habría implicado la puesta en marcha de Uber o Cabify en las Islas, ahora el Ejecutivo quiere establecer los tiempos mínimos de regulación de este servicio, como ha hecho la Generalitat. La propuesta que ha presentado el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, a las patronales del taxi y del sector de la VTC de Baleares contempla la precontratación del servicio con una hora de antelación.
En cualquier caso, se trata solo de una propuesta, por lo que Govern y sectores implicados se reunirán de nuevo para concretarla. En este sentido, hay que recordar que Pons siempre ha expresado su voluntad de consenso con las partes implicadas. Asimismo, su proyecto establece que esta hora pueda rebajarse hasta un límite de quince minutos a consensuar con ayuntamientos y consells una vez que estas administraciones tengan las competencias.
Por otra parte, el decreto contempla otorgar ‘de facto' la licencia urbana a los VTC que ya operan en las Islas. Sin embargo, los nuevos que quieran implantarse tendrán que solicitarla a los ayuntamientos, ya que así lo establece la normativa aprobada a finales del pasado verano por parte del Gobierno central.
Cabe recordar que, a día de hoy, los vehículos con licencia VTC de Baleares no suponen una competencia directa para el sector del taxi ya que no funcionan a través de plataformas como Uber y Cabify, que son las que sí inquietan al sector del taxi en las Islas y el resto del Estado.
Reunión con Fomento
El Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas se reúnen este martes en el grupo de trabajo constituido para tratar sobre la regulación de los sectores del taxi y los VTC. El encuentro, de carácter técnico, tendrá lugar en medio de la disparidad de propuestas planteadas en las últimas semanas por los diferentes gobiernos regionales para entrar a regular los coches que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, y a cambiar la normativa del taxi.
Mientras que Cataluña optó por una regulación, algo que otras comunidades como Baleares estudian, el gobierno autonómico de Madrid ha rechazado implantar iniciativas de este tipo a pesar de las movilizaciones del taxi.