Fin al ‘caso Rocamar'. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma acordó ayer el archivo de la causa en la que permanecían imputados dos exconsellers de Turisme, Carlos Delgado y Jaime Martínez, junto a otras trece personas. El magistrado no tenía otra opción una vez que tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Comunitat habían presentado sendos escritos en los que descartaban la comisión de un delito de malversación en la compra del hotel del Port de Sóller.
No obstante, el magistrado Juan Manuel Sobrino, señala en el auto que en la tramitación del expediente de compra del hotel, «existieron numerosas irregularidades y que se tradujeron en una falta de trasparencia, publicidad y eficacia en dicha adjudicación». Eso sí indica que «dichas irregularidades, conforme sostienen las dos acusaciones, no llegan a tener la consideración de delictivas».
La causa arrancó en el año 2014 ante la sospecha de que el Govern había pagado el doble del precio del hotel, que en ese momento estaba en ruinas. Las sospechas derivaban del hecho de que un alto funcionario de la Conselleria de Turisme se benefició de forma indirecta de la operación porque ésta sirvió para cancelar un préstamo con garantía hipotecaria que el dueño del Rocamar había concertado con su familia.
Tanto la Fiscalía como el Govern basaron su petición de archivo en que esa hipoteca hubiera tenido que ser asumida por las arcas públicas de no haberse tramitado de esa manera la venta. Además, otra prueba que ha llevado al archivo ha sido la declaración de las exconselleras de Turisme del PSIB Joana Barceló e Isabel Oliver. Ambas constataron que la idea de comprar el hotel fue previa a que los dos consellers populares accedieran al cargo.