La ley que tenía que ser la panacea para las empresas de las Islas, el Régimen Especial de Balears (REB), ha resultado un mero espejismo 20 años después. Si las previsiones iniciales, cuando se aprobó en el año 1998, apuntaban a que tenían que llegar 1.240 millones de euros (el equivalente a 200.000 millones de pesetas de la época), la realidad es tan cruda que las empresas de las Islas han terminado recibiendo poco más de 60 millones. Apenas hay estudios de qué ha supuesto realmente la vigencia del REB pero en un respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por el senador Francesc Anctich, los datos son demoledores: en 2017 llegaron 2,3 millones de euros en aplicación de lo establecido para el transporte de mercancías entre la península y Baleares.
Esa cantidad fue de 1,7 millones de euros un año antes y las cifras son muy parecidas a los que se ingresaron en los primeros años de vigencia, según datos oficiales del Ministerio: 1,2 millones en 1998; 1,8 millones en 1999; otros 2,4 millones en 2000, y 3,7 millones más en 2001. A estas cantidades habría que sumar 106,1 millones de euros que pagó el Gobierno en 2017 en concepto de subvención al transporte de pasajeros, pero si bien esos conceptos figuran en la ley aprobada en el Congreso, no se trata de ayudas específicas del REB, ya que también las perciben los ciudadanos de Canarias.
Desde el primer año de vigencia quedó claro que, desde un punto de vista político, el REB no iba a ser la solución a los problemas de Baleares. En realidad, la ley tiene poco de subvención directa y mucho de creación de comisiones mixtas para negociar acuerdos.
Precisamente este miércoles la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, se desplaza a Madrid para retomar las negociaciones del nuevo REB.