La nueva Ley de Turismo, que estará vigente antes del próximo verano 2019, ha endurecido un 50 % las sanciones «porque es la única manera de que se cumpla la regulación, ante los problemas que se están detectando hasta la fecha en todo lo relacionado con el alquiler turístico vacacional», explica el director general de Turisme, Antoni Sansó.
Las sanciones más graves oscilan entre los 60.000 y los 600.000 euros, cuando hasta la fecha estaban tipificadas entre 40.000 a 400.000 euros. En las graves las cuantías ahora van de 6.000 a 60.000, frente a las anteriores, de 4.000 y 40.000 euros. La multa más alta para las leves llegará hasta los 6.000 euros.
Sansó justifica este incremento del 50 % porque hay que dar a entender a los contribuyentes «que la normativa turística se tiene que acatar y que no se pueden presentar datos falseados para solicitar cualquier certificación turística en alquiler vacacional, rent a car y en el resto de oferta de alojamiento».
La Ley de Turismo, que volverá a modificar una vez más la Ley 8/2012, incide en toda la oferta de alojamiento y en sus servicios, «porque hay que solventar vacíos legales que hasta la fecha generaban problemas añadidos».
Entre estos vacíos se encontraba toda la oferta de alojamiento en albergues, refugios, autocaravanas y barcos. «Queremos evitar que haya una fuga de alojamiento turístico porque en su momento no se reguló bien todo lo relacionado con la oferta de albergues, refugios, autocaravanas o barcos. Se van a derogar determinados artículos que no tenían un desarrollo reglamentario y que han propiciado problemas. Todo el mundo intenta hacer trampas para alojar turísticas y ahora, con la nueva ley, esto será imposible ya que no se podrán alojar turistas en esta oferta», apuntó Sansó.
El director general indica que la tipificación de leve, grave o muy grave «viene condicionada por la infracción, pero para dar un ejemplo reciente indicar que todos aquellos que presenten una Declaración Responsable Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) falseada podrán ser sancionados hasta 60.000 euros». Afirma que «todos» tienen que cumplir la ley y que no hay excusa alguna por «desinformación».