El pleno del Parlament de este martes ha aprobado por asentimiento la Ley del tercer sector de acción social de Baleares, que ha contado con la colaboración y el consenso de las entidades. Regulará la actividad de un total de 70 entidades que atienden a 20.000 personas.
La ley cuenta con cuatro capítulos con 23 artículos y dos disposiciones adicionales y con ella las entidades tendrán derecho a participar en el diseño de cualquier servicio social que afecte a su ámbito de trabajo y, además, crea un registro de entidades.
Esta nueva normativa define también las vías de colaboración con las administraciones públicas y obliga al Govern a elaborar una estrategia de apoyo y difusión, entre otras medidas.
En su intervención, todos los diputados han celebrado haber llegado a «un consenso» en esta materia y han dado las gracias a las entidades por participar en la elaboración de esta nueva ley autonómica.
Cabe resaltar que a la Cámara balear han acudido varios representantes de estas asociaciones y que, una vez aprobada, los diputados y el resto de presentes han aplaudido para celebrarlo.
Por su lado, el diputado del PSIB, Jaume Garau, que ha sido el coordinador de la ley, ha destacado que es un «texto colectivo» y ha dicho que la «unanimidad» se ha dado porque «se están iniciando» unas «nuevas formas de gobernar donde la sociedad civil es protagonista».
Asimismo, la diputada del PP, Sandra Fernández, ha dicho que esta «ley tiene más valor si cabe por cómo se ha elaborado» y ha agradecido a todos los grupos parlamentarios que «ya en noviembre de 2015» dieran apoyo a la constitución de la ponencia para elaborar la normativa que, tal como ha destacado, «ha sido coordinada por Garau».
La diputada de Podemos Marta Maicas, que también ha agradecido la presencia y el trabajo de las entidades del tercer sector, ha resaltado que con esta ley «se da el valor que corresponde» a estas entidades en frente de «iniciativas empresariales privadas».
Asimismo, la diputada de MÉS per Mallorca Agustina Vilaret ha recalcado que esta «es la primera ley» del tercer sector de acción social y ha remarcado que este consenso la debe hacer «duradera y fuerte» y debe ser «un ejemplo de las posibilidades de diálogo de la política».
En el turno de fijación de posiciones también han intervenido los diputados Pep Castells (MÉS per Menorca), Maria Antònia Sureda (El PI) y Xelo Huertas (grupo mixto).