El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma ha enviado a la Audiencia Provincial los 7.547 folios de la causa por el caso aéreo de 2010. El tribunal tendrá ahora que gestionar un incierto juicio en el que el escenario de un acuerdo global entre los 84 controladores y la Fiscalía está en el aire por un bloqueo mutuo: el ministerio público sólo admite un pacto global en el que todos los acusados salgan condenados y un grupo minoritario de menos de una decena de encausados se niega en rotundo a aceptar ningún tipo de pena. Una vez la causa llegue a la Audiencia en los próximos días se le asignará un magistrado ponente por el turno de causas de especial complejidad, válido para asunto con más de nueve acusados y causas de Anticorrupción. El ponente arrastrará a la sección a la que le toque el juicio.
En las últimas semanas se ha cumplido el trámite para que los controladores presentaran sus escritos de defensa para contestar a la petición de cuatro años de cárcel que formula la Fiscalía por un delito de sedición. Quienes tendrán ya un papel menor en esta fase serán las acusaciones particulares. La gran mayoría de ellas se han retirado en bloque una vez que los controladores han indemnizado a todos los afectados, en la misma línea que hicieron en Madrid donde queda abierta la otra causa por la huelga encubierta. En este caso, el acuerdo parece más cercano ya que el ministerio público no acusa por sedición sino por un delito más leve de abandono de funciones.
La celebración del juicio plantea una serie de problemas logísticos para la Audiencia. En primer lugar, la necesidad de contar con espacio para 84 acusados y sus respectivas defensas que abocaría a usar un espacio como el de la sala de la Escuela Balear de Administración Pública donde se desarrollaron los juicios del ‘caso Nóos' o la ‘operación Kabul'. En segundo lugar la posible duración de las sesiones que, al no existir un acuerdo previo la sala tendrá que prever en cualquier caso y, en tercero, la posible repercusión de la vista para el tráfico aéreo.