El Ajuntament de Palma pagó el año pasado un total de 272.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad que un Consistorio asume cuando, como consecuencia del funcionamiento de los servicios municipales, se causan daños o lesiones a una persona física o jurídica. La cifra es la más baja desde 2012 y supone menos de la mitad de los 650.000 euros que se pagaron en 2016.
El concejal de Economia, Hisenda i Innovació, Adrián García, declara que «en la contabilidad de 2017 están registrados derechos de 63 expedientes de responsabilidad patrimonial». Los de mayor importe, indica, son dos por caídas en la vía pública de unos 24.000 euros de indemnización cada uno de ellos. El edil recuerda que en años anteriores «hubo alguna sentencia con importes mayores, superando en algunos casos los 100.000 euros, pero en 2017 no se dio ningún caso de estos».
Reserva en el presupuesto
García explica que para 2017 se había realizado una reserva de 500.000 euros para este concepto en los presupuestos del Ajuntament, pero finalmente el presupuesto total, lo que finalmente se incrementa o reduce el presupuesto disponible en el año en curso, fue de 273.000 euros. Y lo que finalmente se contabilizó como derechos reconocidos al final del ejercicio, es decir lo que se pagó, fueron 272.059 euros.
La razón de que el presupuesto fuera prácticamente la mitad del fijado para 2016, cuando se pagaron 650.000 euros, fue que «en ese año se realizó un esfuerzo importante para pagar cosas pendientes de los años anteriores», expone el regidor.
No estante, el responsable municipal destaca que «los ciudadanos cada vez reclaman más, entre otras razones porque están mejor informados de sus derechos». Por último, García informa de que en los presupuesto de 2018 «hemos vuelto a presupuestar en los máximos históricos, como en 2017, con 500.000 euros».