Un total de once familias sobre las que no pesa una orden de desalojo han solicitado al Ajuntament ayuda para poder abandonar el poblado, informó este miércoles la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercé Borràs.
Borràs explicó que de las 45 familias que actualmente tienen una orden de desocupación de sus viviendas en el poblado, el Consistorio ha comprobado que 15 de ellas no tienen recursos (además de estar empadronadas y no tener causas judiciales pendientes por narcotráfico) y que, por lo tanto, son susceptibles de recibir ayudas por parte de Cort (hasta 1.000 euros al mes durante cinco años). Por el momento, de estas 15 familias, ocho ya han hecho entrevistas y la mayoría de ellas prefiere la compra de una vivienda al alquiler, por lo que «se está trabajando con las entidades financieras para facilitar esta compra», dijo la regidora.
Dada su situación económica y ante la negativa de los bancos a concederles un crédito hipotecario, Cort está buscando soluciones para que los 1.000 euros mensuales que ofrecerá a las familias puedan formar parte de la garantía de devolución que exigen las entidades bancarias.
Hasta el momento, los técnicos del Benestar i Drets Socials se han reunido con 26 familias, incluidas las once que quieres salir de forma voluntaria. Para Benestar i Drets Socials, aseveró Borràs, «la prioridad son los niños y las familias y conseguir su plena inserción fuera de Son Banya».
Hay que recordar que el 17 y 18 de abril de 2018 se llevarán a cabo los derribos y el desmantelamiento de las 45 viviendas afectadas por las órdenes de desalojo. En Son Banya vive actualmente un total de 117 familias, unas 500 personas de las que 193 son menores de edad.