La Federación de Enseñanza del sindicato USO en Baleares ha reclamado este lunes a la Conselleria de Educación que abone lo que falta de la paga extraordinaria de 2012 a la concertada, un pago pendiente que afecta a unos 4.000 docentes a quienes se adeudan unos 600 euros por persona.
El sindicato mayoritario en la concertada ha iniciado una campaña para dar un «ultimátum» a Educación y reclamar los 2,4 millones de euros de la paga de 2012 y los intereses que estima en unos 250.000 euros, y exigir que haga efectivo este pago en la nómina del mes de junio, ha informado la organización en un comunicado.
El pago pendiente afecta a unos 4.000 profesionales de los centros ordinarios y de educación especial de la concertada a los que la administración adeuda unos 600 euros por trabajador aproximadamente, según calcula USO.
El martes pasado, USO organizó una concentración ante la Conselleria Hacienda para reclamar el 37,5 % pendiente de la extra de 2012 y la recuperación de derechos laborales en materia de incapacidad. Según el sindicato, la presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró que trasladaría dicha petición a las conselleries de Educación y Hacienda.
Además el sindicato ha registrado un escrito en el Parlament, dirigido a los grupos parlamentarios para reclamar al Govern que se recuperen los derechos salariales y laborales de los docentes de la concertada, perdidos durante la época de crisis económica.
USO ha destacado que, en el último acuerdo de 2016 de mejora para el sector concertado de enseñanza, se firmó el pago de la recuperación de la paga extra de 2012, en los mismos términos que el sector público, que ya ha cobrado la paga extra de 2012 íntegra en enero.
El sindicato ha exigido además que las incapacidades temporales laborales de los trabajadores de la enseñanza concertada se financien hasta el 100 % a partir del quinto día de baja laboral «tal como se hace en la pública».
USO Baleares ha exigido además que, en las bajas laborales programadas de los trabajadores de la enseñanza concertada, se disponga de sustituto desde el primer día, tal como se hace en la pública, porque «la administración discrimina nuevamente a la concertada» y no establece sustitución hasta que han pasado 10 días, algo que «afecta negativamente los derechos de los trabajadores de la concertada y del alumnado y repercute negativamente en la calidad de la educación».