El Govern aprobará un decreto ley contra el intrusismo en el sector del transporte en el que se contemplan sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros para quienes oferten taxis pirata a través de internet o por otros medios de difusión.
Esta es una de las medidas de represión del transporte ilegal que ha anunciado este lunes el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, a los componentes del Consejo Balear de Transportes, según ha informado el Govern en un comunicado.
Aunque inicialmente el departamento de Pons se planteaba modificar la Ley de Transportes de 2014, finalmente ha optado por introducir las novedades a través de un decreto para garantizar su entrada en vigor durante la próxima campaña turística, en la que se aplicará, como el año pasado, un plan específico de inspecciones contra el intrusismo.
El decreto considerará infracción muy grave publicitar servicios de taxi piratas o de otros tipos de transportes no autorizados y además aumentará el tiempo de inmovilización de los vehículos empleados para esos servicios.
También regulará la intermediación entre empresas de transporte discrecional para facilitar los contratos entre compañías para cubrir puntas de demanda imprevistas.
Además, el decreto contemplará la contratación de vehículos de alquiler con conductor para controlar la radicación en las islas de aquellos autorizados en otras comunidades, que no pueden superar el 20 % de su actividad total anual fuera de su territorio.
La normativa que ultima el Govern es complementaria de la campaña contra la piratería en el transporte discrecional en los aeropuertos que ya se puso en marcha el año pasado en Ibia y Mallorca y que se desarrollará de junio a septiembre.
En ese periodo, doce inspectores, con el apoyo de policías locales y de la Guardia Civil de tráfico, vigilarán la oferta de los taxis pirata en Son Sant Joan y el aeropuerto de Ibiza.