Los inmigrantes sin papeles que viven en Balears cuentan con atención médica pública y gratuita en las mismas condiciones que los españoles, a pesar de no tener regularizada su situación, pero no siempre ha sido así.
Este jueves se cumplieron cinco años de la aprobación del real decreto ley 2012/20, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supuso la retirada de 870.00 tarjetas sanitarias en España, entre 20.000 y 15.000 en las Islas.
Un total de 6.411 inmigrantes irregulares han conseguido, desde el 20 de julio de 2015, fecha en que se restituyó el derecho a la sanidad gratuita y universal, el documento que les acredita como usuarios de la sanidad pública balear. Este documento sólo tiene validez en las Islas y no puede ser utilizado en el resto de las comunidades.
La restitución del derecho a la sanidad pública, gratuita y universal, ha sido una de las prioridades del Govern. «Defendemos una sanidad pública universal con los mismos derechos para toda la población, no queremos ‘parches' ni modificaciones», afirmó Patricia Gómez, consellera de Salut, cuando se presentó la propuesta.
La muerte del joven senegalés Alpha Pam por tuberculosis y toda la controversia que se generó en torno a la atención médica que había recibido o no en el Hospital de Inca, supuso un revulsivo para los partidos que apoyan el pacto.
Para poder acceder actualmente a la cobertura sanitaria a través del correspondiente documento acreditativo, distinto a la tarjeta sanitaria individual, hay que ser extranjero en situación administrativa irregular y mayor de 18 años. Además, hay que carecer de recursos económicos y no provenir de alguno de los estados miembros de la Unión Europea.
De acuerdo con el decreto 16/2012, los ‘sin papeles' residentes en España menores de 18 años y las mujeres durante el embarazo, parto y posparto tienen el derecho a la asistencia sanitaria.