El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento del ‘caso Bomsai', en el que permanecían imputadas 19 personas por la adjudicación de contratos de asesoría por valor de 550.000 euros. El magistrado se ciñe a la petición que formularon las dos acusaciones personadas: la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunitat y, «por principio acusatorio» cierra la causa.
El caso arrancó en el año 2010. Se investigaba si, a través de la sociedad pública CAIB Patrimoni, se cometió un delito de malversación al contratar a la empresa Atlas por un procedimiento negociado sin publicidad por 30.000 euros. El objeto era la asistencia técnica para que se construyera el nuevo parque de bomberos de Palma y las sedes de las consellerías de Salut y Medio Ambiente. El contrato incluía el pago a la adjudicataria de unos «honorarios de éxito» que supusieron algo más de medio millón de euros.
Fueron esos pagos los que llevaron a la puesta en marcha de la ‘operación Pasarela' con la que arrancó el caso. En la tramitación fueron imputados, entre otros el exconseller Lluís Ramis d'Ayreflor, el ex director general, Jorge Sainz de Baranda y el ex director general de Emergencias, Juan Pol. Este último sí será juzgado por una pieza separada de la causa. D'Ayreflor llegó a estar en libertad bajo una fianza de 40.000 euros durante las fases iniciales de la investigación.
La Fiscalía y la Abogacía solicitaron hace unas semanas el archivo al entender que no se había producido un perjuicio económico a la Administración, aunque señalaban que existieron irregularidades en la tramitación del contrato. También apuntaban que existieron otras empresas que acudieron al concurso y que, los honorarios que se pagaron eran una práctica habitual.
El magistrado apunta en el auto que «llama la atención» que se acudiera a una asesoría externa «cuando la administración dispone de medios suficientes». A pesar de estas pegas, cierra la instrucción iniciada en 2010.