El farmaceútico menorquín Cristóbal Pons, que denunció al expresident del Govern, José Ramón Bauzá por retrasar la apertura de nuevas boticas no se da por vencido. A pesar del archivo provisional de la causa que decretó la Audiencia Provincial, Pons quiere que el caso siga vivo y ha acudido al Tribunal Supremo para intentar que sea reabierto.
Su representación procesal ha presentado en el Alto Tribunal una demanda por error judicial grave contra la decisión de archivo. Se trata de un procedimiento extraordinario.
La base de la petición es que la Audiencia hizo una interpretación incorrecta de la legalidad, según sostiene Pons, al considerar que un decreto del Govern había legalizado las decisiones que tomó la administración al no sacar a concurso las farmacias que en ese momento estaban contempladas.
Pons sostiene que Bauzá, el exconseller de Salut, Martí Sansaloni, y el exdirector general de Farmacia, César Vicente, cometieron delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento público por negarse a tramitar, durante su mandato, la apertura de 51 farmacias en Balears.