La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de vivienda que establece que los proveedores de energía deberán avisar al ayuntamiento antes «de realizar cualquier corte del suministro», prevé sanciones de hasta 30.000 euros para los grandes propietarios que no registren sus pisos vacíos en el registro de alquiler social y establece sanciones de hasta 90.000 euros «para las infracciones muy graves».
Entre otras medidas, Armengol ha explicado que esta normativa obliga a que los proveedores de energía (agua, electricidad, gas) avisen antes de realizar cualquier corte de suministro a los servicios sociales de los ayuntamientos para «encontrar una solución» y da impulso a un alquiler social «accesible» estableciendo que los «grandes propietarios», con más de diez pisos, cedan sus pisos al Govern para destinarlos a alquiler social.
En una rueda de prensa que ha tenido lugar tras la presentación de la nueva normativa a la Mesa de la Vivienda, Armengol ha explicado también que tanto la Mesa de la Vivienda y la Mesa contra la Pobreza Energética «adquieren rango de ley» para que «nadie» pueda legislar «sin tener en cuenta» a los sectores afectados
En el acto han estado presentes la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera; el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons; entre otros cargos del Govern; representantes de los consells insulars; diferentes agentes sociales y ONG; representantes sindicales; asociaciones y colegios profesionales y entidades bancarias.
Por su parte el conseller Pons ha concretado que se crea un Servicio de Acompañamiento en materia de vivienda «integral, universal y gratuito»; se garantiza el suministro «básico de agua, gas y electricidad» para familias en riesgo de pobreza energética mediante la creación de un fondo autonómico, entre otras medidas.