El exconcejal de Turismo del PP de Palma Álvaro Gijón ha pedido al juez que investiga el caso de la presunta adjudicación irregular de la ORA que le tome declaración para aclarar las «mentiras» vertidas contra él por un supuesto testigo protegido que entrevistó IB3 Televisión.
Gijón, imputado en el caso de la presunta trama de corrupción en torno a la Policía Local de Palma, que investiga el mismo juez, Manuel Penalva, aporta al juzgado documentación para desmentir que cobrara comisiones por la adjudicación de la gestión de la zona de aparcamiento de pago de la capital balear.
El letrado del hoy concejal de la oposición municipal, José Ramón Orta, ha registrado en el juzgado de instrucción 12 un escrito en el que señala que el supuesto testigo protegido dijo a la televisión pública «haber oído rumores por la sede del Partido Popular sobre el reparto de comisiones dimanantes del contrato de la ORA de Palma de 2013 el señor Gijón con el señor José María Rodríguez (expresidente del PP de Palma)».
Se queja de la «multitud de vaguedades, inconcreciones, rumorología, cotilleos y maldades» vertidos por el testigo, que detalló que la casa de Gijón era fruto de comisiones ilegales.
Sin embargo, argumenta la defensa, esas «insidiosas» acusaciones quedan desvirtuadas por un documento que aporta para probar que la vivienda del edil del PP es de su propiedad desde 2000, trece años antes de la adjudicación de la ORA, y que la pagó mediante un préstamo hipotecario.
Respecto a la otra acusación concreta de supuesto testigo, que Gijón obtuvo en comisiones 1,5 millones de euros que se repartió con Rodríguez, la defensa la rebate con la aportación de sus declaraciones de IRPF de 2011 a 2015, así como de extractos bancarios, que reflejan su situación económica y demostrarían que nunca dispuso de tales cantidades.
«Queda documentalmente desvirtuado el testimonio del presunto 'testigo protegido'», incide el letrado, que recalca la honestidad del trabajo de Gijón en el Ayuntamiento de Palma y su deseo de colaborar con la justicia.
Respecto a la entrevista difundida por IB3, pide que se investigue si su protagonista es realmente «testigo protegido» y, en caso de que lo sea, si ha contravenido las normas que regulan esa condición por haberse pronunciado públicamente sobre una investigación declarada secreta.
Como la legislación sobre la protección de testigos prohíbe que su imagen sea captada y reproducida, la defensa de Gijón insta al juez a ordenar que, si es quien dice ser, el material audiovisual «sea retirado de IB3TV, y de internet».
El juez Penalva toma declaración esta mañana en calidad de investigado al exconcejal de Movilidad de Palma en la pasada legislatura, Gabriel Vallejo.