Los ayuntamientos multan cinco veces más que la Dirección General Tráfico (DGT) y Palma es el tercer municipio donde se ejerce una mayor presión sancionadora, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. En el lado contrario se sitúan Cáceres, Badajoz y Jaén. Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio ‘Multas, ¿recaudación o reeducación? Sanciones de tráfico en los ayuntamientos españoles (2011-2014)', presentado este lunes por la Fundación Línea Directa.
La administración central aporta el 14 % de las sanciones, mientras que los ayuntamientos suponen más del 76 %. Las sanciones más habituales son las de exceso de velocidad (44 %), seguidas por el estacionamiento regulado (27 %) y el estacionamiento indebido (13 %). Las sanciones no cambian la forma de conducir, ya que casi el 56 % de los conductores de Balears admite sobrepasar los límites de velocidad de forma habitual.
Un 88 % de los baleares atribuye carácter recaudatorio a las multas y el 49 % piensa que los radares persiguen obtener cuanto más dinero, mejor. Las multas menos aceptadas son las de aparcamiento: el 67 % de los baleares cree que la única función de los trabajadores del estacionamiento regulado es sancionar. El dato no es anecdótico: 150.000 conductores de las Islas han presenciado agresiones o insultos con este colectivo y unos 42.000 reconocen haberlos protagonizado. Más de 526.000 conductores de Balears aseguran desconocer en qué se emplea el dinero de las sanciones de tráfico. La regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, declaró que este estudio demuestra que «la Policía Local de Palma trabaja y aplica las ordenanzas municipales».