La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha anunciado este martes que prevé que se apruebe a principios de 2016 el anteproyecto de ley para crear una oficina anticorrupción en el Parlament que será independiente del ejecutivo y permitirá que se lleve a cabo una auditoría ciudadana de todas las cuentas públicas.
Ante una pregunta de la diputada del grupo Podemos Laura Camargo en el pleno del Parlament acerca del plazo que prevé el Govern para que sea realidad, Armengol ha asegurado que el ejecutivo que preside tiene «prácticamente hecho» el anteproyecto de ley que la hará posible.
Camargo ha reclamado al Govern que fije una fecha para el inicio de dicha auditoría, ante las necesidades económicas que tendrá que afrontar durante la legislatura, y ha insistido en que el proceso de control debe ser ciudadano y debe suponer que se pueda decir si el gasto hecho por la administración es legítimo o no.
«Queremos que sea aprobada en el primer trimestre de 2016 y después quedará el tiempo que tarde el Parlament balear para llevar adelante esta oficina Anticorrupción que será independiente del Govern», ha respondido Armengol.
La presidenta balear ha detallado que los mecanismos de los que dispone la propia administración autonómica han auditado una deuda de 8.995 millones de euros que ha calificado como «absolutamente exagerada para esta comunidad autónoma y para llevar a delante políticas necesarias para los ciudadanos».
Ante dicha situación, Armengol ha dicho ser consciente de la necesidad de encontrar mecanismos para que los ciudadanos «tengan cierta tranquilidad sobre cómo están las cuentas públicas y puedan auditar la deuda pública».
Ha recordado que el acuerdo de gobernabilidad por el que PSIB, Més y Podemos respaldan al ejecutivo incluye tanto la aprobación de una ley de transparencia y buen gobierno que pueda dar garantías de rendición de cuentas, como dicha ley de la oficina anticorrupción que es la primera que el Govern quiere que se apruebe.
Armengol considera que la mejor manera de poder llevar adelante la auditoría ciudadana de la deuda pública sería a través de esa oficina anticorrupción en sede parlamentaria, «que podría permitir la iniciativa ciudadana para la auditoría de las cuentas públicas, tanto en la parte de deuda, como de gasto y de contratación».
«Muchos ciudadanos piden con toda la razón del mundo transparencia, honestidad y que podamos vigilar cada euro del que dispone el Govern balear», ha dicho Armengol, quien ha recordado que la Justicia investiga si la adjudicación del hospital de Son Espases generó ingresos que fueron a parar «a la caja B del PP» para pagar la sede del partido en Madrid.
«Mi compromiso es que los ciudadanos puedan estar tranquilos porque este Govern quiere poner a su disposición los instrumentos necesarios para que no pueda volverá a pasar nunca más en esta comunidad autónoma lo que ha pasado con anteriores gobiernos», ha afirmado.