El Govern ha suspendido este viernes hasta 2017 los acuerdos con los sindicatos para el desarrollo de la carrera profesional con el fin de destinar a cuestiones que considera más prioritarias los 40 millones de euros que iba a costar el pago de este complemento a los funcionarios.
El Consell de Govern ha formalizado su decisión de suspender el pacto alcanzado por el ejecutivo del PP con los sindicatos, que según la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, se firmó con el único objetivo de garantizar la «paz social» en periodo preelectoral, pero sin respaldo económico garantizado.
Cladera ha subrayado que la recuperación a partir de octubre de la carrera profesional, suspendida en 2012, iba a tener un coste de 3 millones de euros este año y de casi 37 millones el año próximo, inasumible para el Govern porque está obligado a abonar un incremento salarial del 1 % a los funcionarios en 2016 y a devolver parte de la paga extra suprimida hace cuatro años.
La consellera, que ha precisado que la recuperación en 2017 será objeto de negociación con los sindicatos, ha afirmado que el ejecutivo «no pretende perjudicar al funcionario», sino «liberar recursos» para mejorar los servicios públicos y poner «un poco de orden» en la carrera profesional, que se regulará en una próxima reforma de la Ley de Función Pública.
Los acuerdos anulados, que afectan a todos los empleados públicos autonómicos a excepción de los docentes, suponían un levantamiento puntual de los recortes decretados por el anterior Govern en 2012, ha incidido Cladera, quien, sin embargo, ha enmarcado la supresión de los complementos salariales en la política de recuperación de derechos de los funcionarios.
«Se trata de ir recuperando estos derechos (...) en la medida en que se pueda», ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern la titular de Hacienda, que ha puesto el acento en que el dinero que se dejará de pagar a los funcionarios servirá para mejorar los servicios públicos, ampliar las plantillas recortadas y facilitar la estabilidad laboral convocando oposiciones.
Ha recordado que «en el ámbito de la educación se está llegando a acuerdos para la recuperación de los derechos de forma progresiva», por lo que ha apelado a la comprensión de los sindicatos y se ha mostrado dispuesta «a negociar dentro del marco económico y presupuestario que tiene la comunidad».
Esta disposición al diálogo no incluye la posibilidad de pagar los 3 millones comprometidos para este año por carrera profesional, como han reclamado los sindicatos sanitarios, ni contabilizar el derecho desde ahora aunque se pague en 2017.
El portavoz del Govern, Marc Pons, ha asegurado que la suspensión de la carrera profesional ha sido tratada por la comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad y cuenta con el respaldo de los tres partidos que lo suscribieron: PSIB, Podemos y MÉS.
Por otro lado, la consellera de Hacienda ha reiterado que, aunque la ley sigue en periodo de elaboración, no se podrá excluir a los residentes del pago del impuesto turístico porque lo impide la legislación europea.
Además, en el Consell de Govern de este viernes se ha dado el visto bueno a la toma en consideración de la proposición de modificación de la Ley de IB3, que los grupos enmendarán en el trámite parlamentario, según ha apuntado Pons.
También se ha modificado la relación de puestos de trabajo del personal de la Comunidad para adaptarlo a la nueva estructura de las conselleries.