El Govern balear garantiza que aprobará la nueva tasa turística a principios del próximo año y que seguidamente será tramitada en el Parlament, según ha anunciado hoy el vicepresidente del Ejecutivo y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló.
Con tal objetivo los servicios jurídicos y económicos del Govern balear están elaborando sendos informes sobre el modo de aplicación de este impuesto, cuya recaudación servirá para la conservación del medio ambiente, el patrimonio histórico y la renovación de zonas hoteleras.
Una vez que se disponga de estos informes, la Vicepresidencia del Govern tiene intención de «ponerlos en común» con los consells insulars y el sector turístico para, a continuación, dar el visto bueno a este nuevo impuesto turístico y remitirlo a la Cámara legislativa para su debate y aprobación definitiva.
Sobre cuándo se cobrará, el vicepresidente ha señalado que el Govern «estudiará» la petición del sector turístico referido a que la ecotasa no afecte a los paquetes turísticos ya cerrados, por lo que es poco probable que el nuevo impuesto afecte a la próxima temporada turística.
Preguntado si el nuevo gravamen se cobrará en hoteles y apartamentos turísticos más que en puertos y aeropuertos, como inicialmente se habló, Barceló ha contestado que es un tema que dependerá de lo que indiquen los referidos informes.
El Ejecutivo, ha añadido, está estudiando las posibilidades «legales» de cobrar el impuesto en puertos y aeropuertos, pero parece que hay «dificultades jurídicas y logísticas» por parte de la legislación estatal como europea.
Por su parte, los hoteleros de Baleares consideran un «error gravísimo» la posible implantación de un nuevo impuesto sobre estancias turísticas ya que «restará competitividad» a Baleares como destino turístico.
En un comunicado difundido este viernes, las federaciones hoteleras de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera han aludido al tono «cordial» de las conversaciones mantenidas con el nuevo Govern sobre la aplicación de una nueva ecotasa, a pesar de las «diferencias» existentes.
Los hoteleros se oponen de manera «rotunda» a este gravamen y al incremento de la presión fiscal en general, y en particular a través de un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas.
Se trataría de «un impuesto discriminatorio que solo se cobraría al cliente de la oferta reglada y que supondría, además de la pérdida de competitividad global, grandes cargas administrativas para las empresas hoteleras».
Las patronales hoteleras están «abiertas» al diálogo y a colaborar con el Ejecutivo balear para desarrollar «la mejor política turística posible que sea referente en España y a nivel mundial».