Tres controladores aéreos de Balears negaron este miércoles ante la jueza que instruye la causa por el caos aéreo de 2010, con la paralización de los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca, haber concertado las bajas médicas para no acudir a sus puestos de trabajo.
Explicaron que, de una forma u otra, estuvieron presentes en los centros de control y dirigieron el tráfico aéreo teniendo en cuenta las circunstancias de aquel Puente de la Constitución, según informaron fuentes judiciales.
Asistidos por el letrado José Antonio Choclán, y en calidad de imputados, los controladores aéreos insistieron en que no pactaron las bajas médicas. Balears es una de las pocas comunidades autónomas que mantiene abiertas las investigaciones por el abandono masivo de esos profesionales de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010.
La anterior titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Ana Cameselles, dictó en marzo de 2014 un auto de archivo de la causa al concluir que no se apreciaba la existencia de indicios delictivos.
Sin embargo, tras los recursos de la acusación popular, la Federación Hotelera de Mallorca representada en el caso por el abogado Llorenç Salvà, y la Fiscalía de Balears, la Audiencia de Palma ordenó al juzgado que siguiera investigando. La primera decisión de la nueva magistrada que ahora dirige las pesquisas, Cristina Pancorbo, fue la de encargar unos informes forenses sobre el estado de salud de los veintidos controladores aéreos imputados.
El abogado que representa a parte del colectivo de controladores aéreos explicó que sus clientes habían respondido a todas las preguntas que les formularon, con excepción de la acusación popular. La Fiscalía de Balears no estuvo representada en la vista.