La Assemblea de Docents de Balears ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) en la que pide la nulidad de la orden de la Conselleria de Educación que desarrolló la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y la deje sin efecto.
El nuevo recurso planteado por la entidad a través de Docentes por la Democracia, se suma al recurso que ya planteó solicitando la suspensión cautelar de dicha orden, que fue acordada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB el viernes pasado.
Los principales argumentos para reclamar la nulidad de la orden del 9 de mayo de 2014 que desarrollaba determinados aspectos del TIL como su calendario de aplicación o los proyectos lingüísticos de los centros, son que el Govern no ha justificado la urgencia de la aplicación de dicho sistema educativo, que vulnera la autonomía del los centros y el derecho a la igualdad de los alumnos.
Según la Assemblea de Docents, además no es ajustado a derecho imponer el inglés en materias no lingüísticas y no se hizo un estudio de impacto económico y organizativo válido.
La demanda también señala que dicha orden vulnera preceptos de la Constitución al no respetar el derecho de los agentes implicados en la educación a participar del proceso de decisión; así como el Estatut d'Autonomia y la Ley de Normalización Lingüística al vulnerar aspectos fundamentales del marco de ordenación de las lenguas oficiales que configuran ambas normas.
También consideran que vulnera la Ley Orgánica 2/2006, de Educación que establece que el profesorado participará en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores que impartan clase, así como en relación a la autonomía pedagógica de los centros.
La Assemblea de Docents alega también falta de habilitación legal y de razón de ser de la orden de la Conselleria ante la posible declaración de nulidad del Decreto 15/2013 del TIL que ya había sido recurrido y vulneración del procedimiento administrativo establecido para la elaboración de la disposición recurrida.
Alegan además que el Govern no hizo caso a la recomendación del Consejo Escolar de Balears de «dotar a los centros educativos de los recursos educativos suficientes para llevar adelante el tratamiento integrado de lenguas y que estos estén regulados claramente con mecanismos establecidos».
Asimismo también advertía de «que el equilibrio lingüístico no siempre se consigue con la mera distribución aritmética de las horas impartidas en una u otra lengua oficiales, siendo este un ámbito de ejercicio de la autonomía pedagógica de cada centro».