Cinco días. Ese será el plazo de tiempo que tendrá Jaume Matas para entrar de forma voluntaria en la cárcel, una vez que reciba, personalmente y en su domicilio de Madrid, la orden de ingreso emitida ayer por la Audiencia de Palma.
El mandamiento de ingreso en prisión fue enviado, vía exhorto, por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Palma a sus colegas de Madrid.
La cuenta atrás para Matas empezó ayer a mediodía, cuando la Audiencia recibió por fax la notificación oficial de que el Consejo de Ministros le había denegado el indulto.
Por la mañana, el Ministerio de Justicia había comunicado que la denegación del indulto estaba en poder del Tribunal Supremo, que fue el órgano que condenó al expresidente a nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias en la pieza 4 del ‘caso Palma Arena'.
Ante la posibilidad de que el ingreso en prisión de Matas sufriera un nuevo retraso, se barajó la posibilidad de que la orden no se hiciera realmente efectiva hasta septiembre. Pero el Supremo zanjó esa cuestión confirmando por fax la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de denegar el indulto al que fuera ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar.
Matas vive con su familia en Madrid, y es probable que desee cumplir su pena en una cárcel de esa ciudad, y no en Palma, pero la última palabra la tendrá Instituciones Penitenciarias.
Condenas
El exjefe del Ejecutivo balear fue condenado a seis años de prision por la Audiencia de Palma por varios delitos en el primer juicio del ‘caso Palma Arena', en 2012, pero el Supremo rebajó la pena a 9 meses por abuso de poder en la contratación de Antonio Alemany. Con respecto al periodista que le escribía los discursos, condenado a 2 años y tres meses de cárcel, la Audiencia de Palma no ha recibido todavía notificación alguna sobre la denegación del indulto.
Según las fuentes consultadas por este diario, Matas podría solicitar un aplazamiento de su ingreso en la cárcel por motivos de salud –fue operado recientemente en un oído– aunque es una posibilidad remota y que difícilmente puede prosperar. También, el expresidente había pedido a través de su abogada Pilar Gómez Pavón que le conmutaran la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.