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La Fiscalía no ve delito en los viajes de Camps

Archiva la denuncia al entender que las facturas demuestran que viajó para actos oficiales

Joana Maria Camps, en una imagen de archivo. | Josep Bagur Gomila

| Palma |

La Fiscalía de Balears no ve delito en los viajes que la consellera d'Educació, Joana Maria Camps, ha estado realizando a lo largo de la legislatura a Menorca, su isla de origen. Por tanto, ha archivado la denuncia presentada por la Assemblea de Docentes en referencia a estos viajes.

La denuncia presentada por los docentes el mes pasado era por «presunta malversación de caudales públicos por sus viajes continuados a costa del erario público a Menorca, cuando ya recibe una asignación de 22.000 euros para hacer frente a los gastos adicionales derivados de su empadronamiento en esta isla». Por tanto, según la Assemblea, «el hecho de usar recursos públicos para procurarse pasar 17 fines de semana en su isla natal presenta indicios de que puede ser constitutivo de un derroche de caudales públicos», explicaron.

Facturas

Pero, el decreto de la Fiscalía establece que: «En la relación de facturas que se adjunta a la respuesta dada al Parlament por el Govern balear se hace constar que cada ocasión que la consellera viajó a Menorca fue con motivo de un acto oficial. Por tanto, es independiente de que perciba un suplemento anual por tener su residencia en Menorca y su despacho oficial en Mallorca». Por consiguiente, se acuerda el archivo de la denuncia presentada, al no quedar acreditado que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal.

Los docentes aseguraron que en ocho meses Camps habría pasado 134 días en Menorca, cargando los gastos de traslado en 32 ocasiones al erario público. Desde la Assemblea se consideró que estos datos reforzaban «la posibilidad» de que se estuviesen «desviando recursos públicos hacia intereses personales sin la necesaria concurrencia de interés general» para justificar gastos que deben soportar los presupuestos de la Comunitat. Y por eso se pidió a la Fiscalía la investigación de los hechos».

Los docentes entendían que los hechos denunciados eran de especial gravedad sobre todo «en un contexto de recortes».

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