Los 43 estudiantes universitarios encausados por la protesta que tuvo lugar en la Conselleria d'Educació el 22 de mayo de 2012 consideran un «juicio político» el que se celebrará contra ellos los días 2, 3 y 4 de julio.
Siete de estos estudiantes se enfrentan a una pena de año y medio de prisión por ocupar la Conselleria y por alterar el orden público y lesionar presuntamente a la exjefa de gabinete, «cuando se demostró que había sido al revés, que fue ella la que le dio una ‘colleja' a un activista, pero le ha dado la vuelta a la tortilla», apuntó Silvia Suau, una de las portavoces. La jefa de Gabinete, que actúa como acusación particular, –además está la acusación de la Fiscalía– fue denunciada, a su vez, por el joven al que presuntamente golpeó. Para los otros 36 estudiantes la Fiscalía solicita penas de hasta 6 meses de cárcel por alterar el orden público al asaltar la Conselleria, con ocasión de una protesta convocada por la Assemblea d'Estudiants de la UIB.
Miquel Àngel Cloquell, otro de los afectados, insistió en que «nosotros realizamos una acción de protesta contra los recortes, pero no hicimos nada ilegal». «Fue una forma de desactivar el movimiento estudiantil», añadió Silvia Suau.
Sin acuerdo
Los jóvenes reconocen que cada vez cuentan con más apoyos dentro de la comunidad educativa y que descartan llegar a cualquier acuerdo con Educació que implique declararse culpables, «porque somos inocentes».