Los arquitectos del velódromo Palma Arena Lluís y Jaume García Ruiz han cerrado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado para abonar unos 170.000 euros y aceptar penas menores en la causa que se sigue contra ellos por delito fiscal.
Los hechos investigados corresponden a la pieza separada 26 del ‘caso Palma Arena' y se centra en un delito fiscal respecto a las facturaciones de la empresa de los arquitectos, GR1, derivadas de las obras del velódromo palmesano.
En concreto, esa sociedad no tributó correctamente a Hacienda, según confirmaron a este diario fuentes vinculadas a la causa. El pacto de conformidad ya está suscrito, aunque el abogado de los arquitectos, Josep Zaforteza, dijo que todavía no está cerrado del todo. Los hermanos García Ruiz dirigieron las obras de construcción del recinto deportivo y percibieron unos 9 millones de euros por este cometido.
Una de las principales líneas de investigación de este procedimiento es el motivo por el cual se rescindió el contrato con el arquitecto inicial del proyecto Ralph Schürmann y quién contrató a los hermanos García Ruiz en su sustitución.
Fianza
El juez instructor del ‘caso Palma Arena', José Castro, fijó para los García-Ruiz una fianza civil de 1,2 millones en 2009, aunque esa caución fue anulada por la Audiencia de Palma al entender que la pista de la instalación no se cobró dos veces, como sostenían el juez y las acusaciones.
Los arquitectos declararon ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Juan Carrau en 2011 que realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa, GR1, si bien negaron que esta operación sirviese para no tributar la cantidad y enmascarar beneficios presuntamente ilícitos procedentes de la construcción del velódromo palmesano.
Según los datos que maneja el fiscal, mediante esa provisión de fondos, los García-Ruíz se efectuaron en 2007 un autopréstamo dentro de su misma empresa, evitando así declarar al fisco los 400.000 euros y maquillando beneficios derivados de las obras del Palma Arena.
Sin embargo, los dos encausados negaron haber llevado a cabo falsificaciones contables en su mercantil y que esta cantidad procediese de dinero negro de la construcción.
El ‘caso Palma Arena' está subdividido en casi una treintena de piezas separadas, la más relevante de ellas, la número 25, en la que están imputados Iñaki Urdangarin y su exsocio en el Instituto Nóos Diego Torres.